Uno de cada cuatro jueces de la nueva promoción no tendrá destino

Uno de cada cuatro jueces de la próxima promoción de la Escuela Judicial situada en Vallvidrera no tendrá plaza de titular cuando acabe sus estudios en marzo. La asociación progresista Jueces para la Democracia responsabiliza al Ministerio de Justicia de lo ocurrido y recuerda que en los presupuestos del Estado para el año próximo sólo se prevén 30 nuevas plazas, cuando en los últimos años habían oscilado entre 125 y 107.

La 53ª promoción de la Escuela Judicial la integran 299 jueces que actualmente están realizando un periodo de prácticas en los juzgados de toda España. Un total de 74 de ellos ya saben que después de obtener el diploma deberán esperar un tiempo que nadie se atreve a cuantificar hasta que se les conceda destino. Los afectados se han rebelado contra la situación y han pedido explicaciones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pues la ley impide que el número de alumnos que salga de la escuela supere al de plazas vacantes en la categoría de juez que haya en ese momento. Fernando Salinas, vicepresidente del CGPJ, advierte de que, si no se toman medidas, "lo peor está por llegar, porque tampoco tendrá plaza ninguno de los 232 alumnos de la promoción que saldrá en en marzo de 2004".

El director de la Escuela Judicial, José Francisco Valls Gombau, ha remitido una carta a los afectados en la que reconoce que "por circunstancias que no es ahora momento de analizar (...), no van a existir vacantes suficientes en la categoría de juez" en la próxima promoción y que eso podría "ocasionar una disfunción" a los afectados, pues tal y como está ahora la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no podrían entrar en la carrera.

Asegura el director de la escuela que la situación ha sido trasladada al Ministerio de Justicia y que se reformará la ley para que los afectados sean nombrados jueces en expectativa de destino y adscritos al presidente del CGPJ. Además, cobrarán el sueldo que les corresponda. La reforma de la LOPJ está actualmente en el Senado e irá acompañada de otra reforma del reglamento, en el que se concretarán los méritos en el escalafón que tendrán las lenguas autonómicas y los conocimientos de derecho civil.

Saturación de la base

En la carrera judicial española hay actualmente poco más de 4.000 profesionales. De ellos, 3.200 son magistrados, y el resto, jueces. Para ascender de una categoría a otra es necesario un mínimo de tres años de experiencia, lo que ha provocado una saturación en la base de la pirámide judicial porque no han parado de entrar alumnos y la mayoría de las plazas que se han creado en estos años han sido de magistrado y no de juez de primer destino.

Luisa María Prieto, portavoz de Jueces para la Democracia en Cataluña, considera que "el ministerio sabía desde hace más de un año que iba a ocurrir esto y no ha hecho nada para impedirlo". En su opinión, "es absurdo que se reforme la ley para que haya juicios rápidos si no se crean más juzgados".

Guillem Vidal, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, considera que las culpas hay que repartirlas. "Ha faltado coordinación entre el consejo y el ministerio para afrontar las necesidades reales de la planta judicial", asegura.

Y las consecuencias las paga el ciudadano. Según explica Fernando Salinas algunos juzgados de familia de España tardan ocho meses en dictar unas medidas provisionales en un caso de separación y hay juzgados de vigilancia penitenciaria que tramitan más de 9.000 casos al año y cubren una población de más de 3.000 presos. Otro dato: más de la mitad de los 400 juzgados mixtos españoles -de primera instancia e instrucción- tardan en resolver un pleito el doble de tiempo por la saturación de asuntos.