El Tribunal Superior devuelve a Pinto 69 hectáreas que este municipio cedió a Fuenlabrada en 1995

Un terreno de 69 hectáreas ha mantenido enfrentadas en los tribunales durante siete años a las localidades de Pinto y Fuenlabrada. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia ha devuelto a Pinto esas 69 hectáreas, que pertenecen al polígono industrial Cobo Calleja y que en 1995 fueron cedidas a Fuenlabrada con el visto bueno del Gobierno regional. La cesión se produjo porque la linde entre los dos municipios dividía este polígono industrial en dos partes. Ambos ayuntamientos acordaron entonces que era mejor que perteneciese en su totalidad a Fuenlabrada para evitar problemas administrativos.

Después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia -ante la que cabe recurso de casación en el Supremo-, Pinto es 69 hectáreas más grande, y Fuenlabrada, 69 hectáreas más pequeño. La historia del litigio por este pequeño terreno comenzó en abril de 1993, cuando los dos ayuntamientos acordaron que el polígono industrial Cobo Calleja, uno de los más grandes de Europa, perteneciese por completo a Fuenlabrada. En 1995, el Gobierno regional ratificó el acuerdo.

Hasta esa fecha, el polígono Cobo Calleja estaba dividido en dos: una parte pertenecía a Fuenlabrada (197 hectáreas), y la otra, a Pinto (69 hectáreas). La división, según argumentaban los dos ayuntamientos, provocaba un sinfín de problemas administrativos, ya que la linde entre los dos municipios había quedado desdibujada porque sobre ella se levantaron las naves industriales del polígono Cobo Calleja. Hay empresas en las que si un trabajador pone el pie en una zona está en Pinto y si avanza dos pasos, en Fuenlabrada.

Meses después de que los dos municipios solicitasen al Gobierno regional la cesión, el Tribunal Supremo inhabilitó seis años al alcalde de Pinto, Carlos Penit (IU), al considerarle culpable de un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es). Según el Supremo, Penit dio licencias en la parte de Cobo Calleja que pertenecía a Pinto sin contar con los informes técnicos. El Consejo de Ministros terminó indultando a Penit, que para entonces ya había regalado a Fuenlabrada la zona del polígono por la que fue inhabilitado. A cambio, Pinto no recibió nada y la localidad perdió toda la recaudación anual de los impuestos municipales que le tenían que pagar las 25 naves industriales que se levantan en esas 69 hectáreas.

La nueva linde entre los dos términos municipales pasó a ser la vía del tren de la línea de cercanías C-4 (Parla-Atocha). Muchos vecinos de Pinto se opusieron a la cesión. Cuando en 1995 el PSOE ganó la alcaldía de Pinto, el nuevo alcalde, Antonio Fernández, demandó ante los tribunales la anulación del acuerdo de cesión entre las dos localidades.

Impuestos por duplicado

A partir de 1996, el Ayuntamiento de Pinto empezó a pasar los recibos de los impuestos municipales (IBI, IAE y tasa de basuras) a las 25 naves del terreno que ya no le pertenecía. Los empresarios, indignados al recibir un recibo de Pinto y otro de Fuenlabrada, se negaron a pagar por duplicado. "El Ministerio de Hacienda determinó que las industrias sólo tenían que pagar a Fuenlabrada y nos obligó a dejar de mandar recibos", cuenta Fernández, que sigue en la alcaldía de Pinto.

Después de siete años de recursos por parte de Fuenlabrada y del Gobierno regional, ahora el Tribunal Superior ha dado la razón a Pinto y le ha devuelto las 69 hectáreas y el derecho a recaudar los impuestos de esas industrias. La sentencia, dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal, dictamina que Pinto no obtuvo "ni contraprestación ni reparación alguna por la segregación de parte del territorio". Añade que no hay razones "para justificar la segregación, que se produce en beneficio de la expansión de un municipio (Fuenlabrada) en perjuicio del limítrofe (Pinto) y constituye una medida desproporcionada en función de la finalidad perseguida".

El alcalde de Pinto calcula que su municipio ha perdido durante estos siete años 5,4 millones de euros en recaudación (900 millones de pesetas). "Ahora, vamos a ingresar por el cobro de los impuestos en la parte de patrimonio recuperado 600.000 euros (100 millones de pesetas)" al año, señala el regidor Fernández.

Julio Crespo, concejal de Urbanismo de Fuenlabrada (PSOE), explicó que el municipio recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior. "Espero que Fuenlabrada recupere el terreno, ya que los dos ayuntamientos estuvieron de acuerdo en su momento en hacer la cesión. Además, el asunto tiene cierta importancia económica", apuntó Crespo.

De momento, los alcaldes de la dos localidades no han podido hablar sobre el asunto. El regidor de Pinto señala que las relaciones entre los dos ayuntamientos (ambos gobernados por el PSOE) siempre han sido "cordiales". "Esto no va a suponer ningún trauma para nadie", concluye Fernández.