El fiscal eleva la petición de penas para Julián Muñoz por el 'caso caballos'
El acalde de Marbella, acusado de malversación y contrato falso
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado en sus conclusiones provisionales una pena de cuatro años de prisión para el alcalde de Marbella, Julián Muñoz, en el juicio del caso de los caballos, un año más de lo que solicitaba al comienzo de la vista oral que desde el pasado lunes se celebra en la Audiencia Provincial de Málaga. La Fiscalía mantiene la acusación por un presunto delito de malversación de fondos públicos, a la que ha sumado ahora también la de otorgamiento de contrato simulado.
Para el resto de los procesados, el ministerio público ha mantenido las acusaciones, por lo que el ex alcalde de Marbella Jesús Gil se enfrenta a una petición fiscal de tres años de cárcel. Gil está acusado de patrocinar con dinero del Ayuntamiento a un jinete, Juan Matute Azpitarte, que montaba a dos caballos de su propiedad, Aureolo 89 y Excalibur. Gil ha negado en el juicio que los caballos fuesen suyos fuesen suyos cuando se firmó el contrato de patrocinio y aseguró que no participó en éste, ya que esa era labor del presidente de la sociedad municipal Eventos 2000, que entonces era Julián Muñoz.
El fiscal mantiene que los caballos de Gil, patrocinados por el consistorio marbellí, nunca participaron en competiciones nacionales o internacionales en las que lucieran el logotipo de Marbella y carecían de licencia de la Real Federación Hípica Española.
Para el hijo de Gil, Miguel Angel Gil Marín, y el jinete Juan Matute, el fiscal pide una condena de cuatro años de prisión y seis de inhabilitación por malversación de caudales públicos y otorgamiento de contrato simulado.
Está previsto que el juicio quede hoy visto para sentencia. Esta causa es una pieza separada del caso Atlético, por el que Jesús Gil fue condenado en octubre de 2000 a 28 años de inhabilitación por cuatro delitos de prevaricación, lo que le obligó a dimitir como alcalde.
El juicio fue suspendido en dos ocasiones anteriores. La primera, en diciembre de 2001, después de que la acusación particular, ejercida por el PSOE, recusara a dos de los magistrados que integraban el tribunal al considerar que no había garantía de imparcialidad.
La segunda se produjo en junio pasado al coincidir en la fecha con la celebración en la Audiencia Nacional del juicio por las irregularidades en la transformación en sociedad anónima deportiva del club Atlético de Madrid, presidido por Gil.
