¿Un desastre evitable?
Sólo era cuestión de tiempo que volviese a repetirse la historia del Erika, pero ahora el protagonismo lo ha cogido el Prestige.
Es cierto que desde que en 1999 sucediera el desastre del Erika la legislación comunitaria se ha endurecido al exigir que los petroleros tengan que contar con un doble casco, pero parece ser que esta medida no ha sido efectiva, puesto que las medidas entrarán en vigor en 2015, nada menos que 16 años después del accidente que impulsara a las autoridades de la UE a tomar cartas en el asunto.
¿Por qué esta demora en aplicar unas medidas destinadas a evitar unas catástrofes naturales de gran envergadura? ¿Acaso nuestros representantes han cedido a las presiones de las compañías petroleras? ¿Qué sucedió con un proyecto para hacer responsables de los desastres medioambientales a las empresas consignatarias?
Creo que todo obedece a una falta de voluntad política. En enero entró en vigor la nueva directiva europea sobre el ruido emitido por las aeronaves comerciales, y a raíz de esto se prohibió a ciertos modelos del Tupolev ruso aterrizar en cualquier aeropuerto de la UE. En esta ocasión no hubo presiones de las compañías aéreas, puesto que las empresas que se vieron afectadas eran compañías de la extinta Unión Soviética.
En el asunto de los petroleros las autoridades comunitarias deberían haber actuado con la misma firmeza, y no dejarse influir por las presiones de las poderosas petroleras, puesto que, al fin y al cabo, los sobrecostes que va a originar esta normativa no irán a parar a las cuentas de explotación de las multinacionales, sino que los tendremos que pagar los consumidores.
Otro aspecto que tendría que figurar en las agendas políticas es un mayor control de las llamadas "banderas de conveniencia", que junto con los paraísos fiscales representan una competencia desleal hacia las empresas de la UE que cumplen con las estrictas normativas fiscales, medioambientales y laborales.
Intentar buscar responsables ahora ya es tarde, puesto que el daño al ecosistema ya está hecho y sólo se trata de desviar la atención al verdadero problema: en las decisiones políticas no prima el interés de la colectividad, sino el de las multinacionales.
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