Defensa incluye la "inmigración ilegal masiva" entre las amenazas para la seguridad nacional

La "inmigración ilegal masiva" es uno de los nuevos riesgos para la seguridad de España, según el borrador de la Revisión Estratégica de la Defensa (RED), al que ha tenido acceso EL PAÍS. Este documento, cuya redacción definitiva está negociando el Ministerio de Defensa con el PSOE, sienta las bases de la política de defensa hasta 2015 y marca las directrices de la transformación de las Fuerzas Armadas, una vez suprimido el servicio militar obligatorio. Bajo el impacto del 11-S, el texto alude a la nueva sensación de "vulnerabilidad" generada por el terrorismo internacional, que considera, junto a la proliferación de armas de destrucción masiva, el principal riesgo para la seguridad.

Aunque cita la "inmigración ilegal masiva" como un riesgo emergente, con el argumento de que podría alterar el equilibrio social, la RED no encomienda a las Fuerzas Armadas la tarea de combatirla. Al igual que hace con el terrorismo, atribuye la responsabilidad directa a las Fuerzas de Seguridad, pero agrega que éstas podrían contar esporádicamente con el apoyo de los ejércitos cuando la autoridad civil lo determine. Argumenta que las Fuerzas Armadas disponen de medios y preparación adecuados para ayudar a la Administración civil a cumplir sus funciones en determinadas circunstancias, y siempre a instancias de ésta.

El ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, aludió ayer, en declaraciones a Europa Press, a que el presidente de la Junta de Andalucía y el presidente del PP de Fuerteventura han realizado ya solicitudes a este respecto. "Han pedido que las Fuerzas Armadas se encargaran de cometidos como el de la inmigración, que no es adecuado y así se lo he razonado a ambos, porque son obviamente competencias del Ministerio del Interior y de las Fuerzas de Seguridad, pero en el que las Fuerzas Armadas, efectivamente, pueden realizar alguna tarea complementaria".

Más que especificar qué apoyos podrían dar los militares en el futuro, el documento enumera una serie de colaboraciones prestadas en el pasado: el control de las fronteras de Ceuta y Melilla (contra la inmigración ilegal), el apresamiento de buques sospechos de transportar droga (contra el narcotráfico) o la protección aérea de las cumbres de la UE en Barcelona y Sevilla (antiterrorista).

Junto a los nuevos riesgos, como los ataques cibernéticos o las agresiones al medio ambiente, cita los cometidos que el artículo 8º de la Constitución encomienda a las Fuerzas Armadas (la defensa de la soberanía, independencia e integridad terrorial) pero no los incluye en el capítulo III, sobre misiones de los ejércitos, sino en el II, sobre intereses nacionales, de lo que se deduce que asegurarlos no es tarea exclusiva de éstos.

La OTAN y el terrorismo

Preservar la seguridad y el bienestar de los españoles y contribuir a la estabilidad y la paz internacionales completan los intereses básicos de España, según la RED, que apuesta por una OTAN ampliada y transformada, con medios para hacer frente al reto del terrorismo global, y por una UE unida y con capacidad de decisión y actuación militar autónoma.

El apartado de principios generales subraya que la seguridad de España está ligada a la estabilidad del Magreb y del Mediterráneo e incluye una mención expresa a la presencia colonial británica en Gibraltar, de la que dice que no sólo supone una limitación a la soberanía española sino que afecta a su seguridad, pues desde el Peñón pueden realizarse operaciones sobre zonas de interés nacional sin la aprobación española.

Aunque apuesta por la seguridad colectiva, subraya que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para disuadir una potencial agresión en territorio español y para repelerla, si llegara a materializarse, incluso sin ayuda de sus aliados. Pero agrega, y esto supone un cambio respecto a la anterior doctrina, que en ocasiones puede ser necesario llevar la defensa de España muy lejos de sus fronteras. Por eso sitúa la capacidad de proyección como requisito esencial de las Fuerzas Armadas.

Junto a la movilidad y la sostenibilidad, la actuación conjunta y combinada es la otra idea fuerza de la RED. Su principal novedad es la creación del Mando Operativo del jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), que asumirá la dirección de las operaciones militares, relegando a los jefes de los ejércitos al papel de preparar y sostener la fuerza. Del Jemad dependerá una Fuerza de Reacción Rápida Conjunta, con unidades asignadas de los tres ejércitos y preparada para una amplia gama de misiones.

No se pronuncia sobre la cifra total de soldados profesionales (la actual ley fija un mínimo de 102.000, un 30% más de los que hay), pero sí por incrementar la proporción de suboficiales.