Schröder se enfrenta al mayor sindicato del país por su negativa a subir el sueldo de los funcionarios
La caja está vacía: no hay dinero en Alemania para subir el sueldo a los funcionarios. El canciller Gerhard Schröder y su ministro de Finanzas, Hans Eichel, todavía están tratando de ver cómo cuadran el Presupuesto este año, y ya tienen encima el primer conflicto grave de esta legislatura. El mayor sindicato del país, Verdi, que agrupa a casi tres millones de empleados públicos, amenaza con paros generalizados si no logra un aumento de salarios de entre el 3% y el 4%. El representante del Gobierno en las negociaciones, el ministro del Interior, Otto Schily (SPD), no ha ofrecido una cifra, pero ha sugerido que cualquier cosa por encima del 0% supondrá recorte de empleo.
La situación financiera del Ejecutivo, de los Gobiernos regionales y de los ayuntamientos es tan agónica, sostiene Schily, que no se pueden permitir el menor aumento de sueldo para los 2,9 millones de enfermeras, bomberos, funcionarios regionales y otros, en tiempos pasados orgullo de la burocracia alemana. Los médicos, que por ley dependen de otro tipo de regulación, ya tuvieron su ración el viernes, cuando el Parlamento aprobó la congelación de sus salarios para el año que viene. "Subidas de sueldo equivalen a eliminar empleos", avisó el ministro. Por no contar con que cualquier aumento del gasto va en contra de los intentos desesperados de Eichel de mantener el déficit por debajo del 3% que le exige Bruselas.
"Desde mi punto de vista", dijo ayer el jefe del sindicato, Frank Bsirske (de Los Verdes), "en la cifra final tiene que haber un tres antes de la coma; y hay que fijar un plazo para que los funcionarios del Este acaben cobrando lo mismo que los del Oeste". Bsirske rechaza las pretensiones del Gobierno, y recuerda lo sucedido en mayo pasado. Entonces, el poderoso sindicato IG Metall logró un aumento del 4% tras diez días de huelgas que paralizaron las principales plantas industriales del país, entre ellas los grandes fabricantes de automóviles. Tras el conflicto, la patronal cedió, pese a las advertencias en contra del Gobierno e incluso del Banco Central Europeo (BCE), que sugirió que se trataba de un mal ejemplo para el resto de Europa. Ahora es el Ejecutivo el que tiene que hacer frente a las presiones.
