El pueblo sin partidos

Francisco Núñez y dos de sus hijos interrumpieron entre amenazas de muerte a los participantes en la tertulia política de Radio La Línea, minutos antes de la medianoche del pasado miércoles. El agresor había sido citado en el programa El debate como uno de los beneficiarios de los alrededor de 130 contratos presuntamente irregulares suscritos por el Ayuntamiento encabezado por el ahora militante del Partido Popular pero elegido alcalde por el GIL, Juan Carlos Juárez. Según aseguran varios testigos, Núñez (coordinador el Área de Obras y Servicios) y sus hijos redujeron al encargado de la puerta de la emisora tras ponerle la hoja de uno de sus cuchillos sobre la piel del cuello y a continuación entraron violentamente en el pequeño estudio donde ocho tertulianos y el conductor, Samuel Fernández, se disponían a finalizar la emisión del programa. Todo ello en directo.

Los oyentes pudieron escuchar así los gritos, la confusión y el forcejeo entre estas tres personas (uno de ellos no iba armado) y los protagonistas de El debate. Entre los tertulianos se encontraban dos agentes de la Policía Local que lograron abortar el asalto antes de que nadie resultara herido. Los tres atacantes pasaron ayer a disposición judicial. Uno de los hijos es menor de edad, por lo que, a mediodía de ayer, su caso pasó al tribunal tutelar de menores.

Éste es un caso insólito en la vida política española, pero es que la acción política en La Línea es diferente a la de las demás poblaciones españolas. Los partidos mayoritarios (PP y PSOE) a escala estatal han naufragado en esta deprimida localidad gaditana. Así, Radio La Línea es una emisora propiedad del empresario nacido en la localidad pero residente en Barcelona, Miguel Rodríguez.

Entre los que participaban en el programa de la noche del miércoles estaba el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, creador del Partido Socialista de la Justicia y candidato en las próximas elecciones municipales. Juárez resultó elegido por el GIL (que consiguió 17 de los 25 ediles de la Corporación), pero cuando Jesús Gil comenzó a tener problemas con la Justicia, se ofreció con su botín de votos y concejales al mejor postor. Coqueteó con el PSOE y finalmente se afilió con todos sus concejales al Partido Popular a finales del pasado año. Y es que Juárez tiene una visión de la administración propia. Cuando era candidato por el GIL, mientras paladeaba un habano y repanchingado en su despacho de su delirante sede de campaña (en la que había desde cursos de inglés a pedicura y promesas de trabajo) llegó a asegurar que él quería ser una especie de presidente del consejo de administración de la localidad. La política y la ideología eran algo ajeno. Al igual que en La Línea, que apoyó su apuesta y le otorgó en las urnas una mayoría colosal.

Su gestión está ahora también fuera de la arena política. Concretamente, en los tribunales. Se han admitido a trámite contra él dos querellas por malversación de caudales públicos: una por uso indebido de la tarjeta de crédito municipal, en la que se le acusa de haber realizado más de 350 extracciones de dinero en metálico, y otra por el supuesto espionaje de los negocios y la vida privada del empresario Miguel Rodríguez. Otra por prevaricación en la supuesta contratación ilegal de alrededor de 130 personas en puestos municipales. Asimismo, también se investiga en los tribunales el destino de 60.000 euros por multas de tráfico que no fueron sido registradas en la contabilidad municipal. Multas que los agentes supuestamente cobraban al instante y en muchos casos a residentes en la vecina colonia de Gibraltar.

El clima alrededor del poder local de La Línea es más que tenso. El secretario general del PSOE en la localidad, Enrique Morales, admitía ayer que tanto su partido como el PP no supieron solucionar los problemas de la población cuando fueron elegidos para dirigir el Ayuntamiento. Morales admite que el actual equipo de Gobierno ha lavado la cara de La Línea, pero asegura que el precio ha sido demasiado alto: una deuda que cifra en más de 60.000 euros.