Los servicios jurídicos de la Junta concluyen que la póliza de Castillejo está 'vedada' por la Ley

La póliza de 2,9 millones de euros que pagó Cajasur para garantizar a su presidente, el sacerdote Miguel Castillejo, una renta vitalicia de 210.000 euros al año cuando abandone la entidad cordobesa, es una 'prestación patrimonial', que está 'vedada' por la Ley andaluza de Cajas. Ése es, al menos, el dictamen de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, que al igual que habían apuntado los inspectores autonómicos que están auditando Cajasur, consideran que el seguro millonario a favor de Castillejo, sería una indemnización por cese, una fórmula prohibida por el 'ordenamiento vigente'.

La póliza a favor de Castillejo fue suscrita por la entidad cordobesa el 21 de septiembre de 2001. La caja desembolsó una prima única de 2,9 millones de euros, lo que permitirá al sacerdote percibir una renta vitalicia cuando abandone la presidencia de la caja equivalente al salario que en ese momento perciba el director general (210.000 euros en 2001) más 3.005 euros. Esta renta podrá ser heredada por sus cuatro hermanas, sucesivamente y de mayor a menor hasta que fallezca la última.

Los servicios jurídicos de la Junta se pronunciaron ayer sobre el seguro a petición de la Consejería de Economía, que había reclamado la póliza a Cajasur a través de los inspectores autonómicos que estaban realizando este mes una auditoría ordinaria a la entidad. Los inspectores estimaron que había indicios de que podría 'contravenir' la Ley autonómica y ahora el gabinete jurídico confirma esa primera impresión.

Según recoge el dictamen, la propia póliza explicita que para que Castillejo pueda cobrar la renta vitalicia 'deberá haber cesado, a iniciativa propia o de la entidad, en el cargo de presidente ejecutivo de la entidad'. Los servicios jurídicos de la Junta recuerdan que la Ley andaluza de Cajas establece que la remuneración para los presidentes ejecutivos 'no puede dar derecho a indemnizaciones en caso de cese'.

El gabinete jurídico también sostiene que esta prohibición es aplicable a Cajasur, a pesar del recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional que suspendió la disposición de la ley autonómica que equiparaba la composición de los órganos de gobierno de las cajas fundadas por la Iglesia (Cajasur) al régimen general. Los servicios jurídicos de la Junta estiman que la póliza suscrita a favor de Castillejo no afecta esa composición, que es la cuestión de fondo sobre la que se pronunciará el Constitucional.

Frente al dictamen de los servicios jurídicos de la Junta, Cajasur maneja dos informes (de Garrigues y del catedrático de Derecho Administrativo, Manuel Clavero Arévalo) en los que se defiende que el seguro no es una indemnización por cese sino un 'complemento de pensión' que se acordó como premio a la 'incansable, permanente y absoluta dedicación exclusiva' de Castillejo a la caja y 'con la finalidad de que cuente con recursos suficientes que le permitan afrontar su subsistencia con la dignidad que le corresponde'.

La consejera de Economía, Magdalena Álvarez, aseguró ayer que el informe de los servicios jurídicos confirma que 'la póliza es ilegal' y que ese dictamen servirá de base para culminar en los próximos días la investigación abierta por la Junta sobre la decisión de Cajasur.