Un peón declara que el dueño de 'L'Oca' le ordenó agujerear el barco

Un peón de los astilleros sin ningún conocimiento naval ha admitido que realizó los fatídicos agujeros de ventilación en la popa de L'Oca por encargo directo de Simón Rodríguez, uno de los propietarios acusados. Juan Miguel Bernal, empleado de Polymar 3.000, declaró ayer en el juicio que se celebra en Girona que cortó con una sierra radial la fibra del casco para instalar unas rejillas de ventilación que le suministró el propietario

El interrogatorio de ayer del peón y el de la semana pasada del propietario del barco han revelado que ninguno de los dos tenía conocimientos navales para realizar una modificación de esa envergadura, que no estaba prevista en el diseño original de la embarcación. Bernal colocó las rejillas a la altura del agua que le pareció idónea. El ingeniero naval que diseñó el catamarán, Pere Deulofeu, declaró ayer en el juicio que los agujeros en el casco, por debajo de la cubierta, 'están totalmente prohibidos por la ley y por el sentido común'.

El operario Juan Miguel Bernal reconoció ayer que mintió en la primera declaración porque su jefe, Esteve Rabassa, aleccionó a todos los trabajadores para minimizar la intervención de los astilleros en la construcción. Bernal fue objeto de múltiples y constantes presiones tras su primera declaración. Asegura que Simón Rodríguez, a través de terceros, le ofreció dinero sólo para que fuera a hablar con él. Finalmente, cambió su declaración y reconoció la autoría de los agujeros. Tras prestar nuevo testimonio, abandonó su trabajo. Bernal ignora si su jefe supo antes del naufragio que el casco había sido agujereado.

El alcalde de Banyoles durante el siniestro, Joan Solana, derivó la responsabilidad de la inspección de las embarcaciones hacia la Marina Mercante y rechazó que el Ayuntamiento debiera reclamar la titulación a los propietarios cuando éstos cambiaron su embarcación de gasóleo por la ecológica. Solana sí admitió que la policía local o los Mossos d'Esquadra hubieran podido comprobar que los propietarios no tenían título. El ex alcalde afirmó que la limitación municipal de 80 pasajeros para el barco tenía que ver con la 'política turística' y no con la seguridad. Solana insistió en que el consistorio autoriza a las barcas a estar en el agua, pero que es la Marina Mercante la que las debe inspeccionar y les permite navegar. Las acusaciones a la Administración central por parte de los testigos son constantes durante el juicio y la juez debe cortarlas a menudo. Solana explicó, en rueda de prensa posterior, que 'la Administración del Estado huyó en desbandada después del accidente'.

El único inspector de la Marina Mercante de la provincia de Girona, Manuel Fort, declaró en la vista que no podían realizar de oficio las inspecciones en la embarcación y que normalmente las solicita el constructor. Fort admitió que si hubiera visto unos agujeros 'tan absurdos' habría impedido que continuara el proceso de construcción del catamarán. También opinó que Rabassa, el constructor, 'es muy bueno' y admitió que le 'extrañaría' que hubiera hecho las burdas modificaciones en el casco que originaron el naufragio. Otros dos testigos negaron rotundamente que fuera Simón Rodríguez quien conducía L'Oca y coincidieron en que era su suegro, Bartomeu Gayolà, quien la pilotaba.