Castillejo alega ante sus trabajadores que sigue al frente de Cajasur porque carece de sustituto

Cajasur convocó ayer a los trabajadores de la caja cordobesa para darles explicaciones acerca del seguro de vida de 2,9 millones de euros suscrito por la entidad en favor de su presidente, Miguel Castillejo. En dos actos celebrados en el paraninfo de la Universidad de Córdoba, Castillejo se parapetó en los informes jurídicos que ha encargado y que avalan la legalidad de su póliza. Castillejo proclamó que sigue al frente de la entidad porque no tiene sustituto. En estos actos, hubo fuertes críticas a los políticos autonómicos de PSOE e Izquierda Unida que han reprochado a Castillejo la póliza.

Cajasur convocó el pasado viernes a sus más de 2.000 trabajadores (a través de un correo electrónico) a acudir al Paraninfo de la Universidad de Córdoba, una iglesia convertida en salón de actos que se encuentra en el Campus de Rabanales, para ponerles de manifiesto la posición de la entidad ante los últimos acontecimientos, es decir, el conocimiento público de la póliza de Castillejo, que le permitirá cobrar a éste una renta vitalicia cuando abandone la entidad. Castillejo y los máximos directivos de la caja citaron a los empleados en tres tandas (ayer por la mañana y por la tarde y hoy).

Fuentes de Cajasur explicaron que intervinieron, entre otros, Castillejo y el director general de la caja, Francisco Jurado, quien formuló duras críticas contra los dirigentes políticos del PSOE e IU que han censurado al presidente de la entidad por la suscripción de la póliza. Entre otros se citó al consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, al secretario del PSOE de Córdoba, José Antonio Ruiz Almenara, y a la alcaldesa de la ciudad, Rosa Aguilar, de Izquierda Unida.

En todo momento, los dirigentes de la entidad cordobesa defendieron la legalidad de la póliza. De hecho, algunos consejeros de la Asamblea General ya han recibido de la caja sendos informes jurídicos externos en los que se avala que el seguro suscrito a favor de Castillejo tiene toda la cobertura legal.

Al acto celebrado por la tarde, a las 19.30, acudieron unos 800 empleados. El objetivo era recibir información sobre 'lo que está saliendo en prensa', según aclaraba uno de los presentes a un grupo de trabajadores reunidos al pie de la escalera que conduce al Paraninfo. Las reuniones se celebraron a puerta cerrada y ella sólo podían acudir los empleados de Cajasur.

A las 19.15 ya no quedaba un solo sitio para aparcar en las cercanías del edificio; a partir de las 19.20, los asistentes comenzaron a llenar la sala, profusamente decorada con el emblema de Cajasur. El acto comenzó con puntualidad, aunque siguieron llegando asistentes hasta las 19.45. Se proyectaron imágenes de los intervinientes en una pantalla lateral, para que ningún espectador se perdiera detalle. Las palabras del director general de la caja, Francisco Jurado, se prolongaron durante más de 50 minutos y concluyó el acto Castillejo. Al término del acto se ofreció una copa al aire libre, en los jardines que están enfrente del Paraninfo.

El secretario general del PSOE de Córdoba, José Antonio Ruiz Almenara, replicó ayer que con este acto Castillejo quiere 'esconder su responsabilidad' en la polémica.

Para Ruiz Almenara, Castillejo demuestra que sigue 'abusando del poder que le da Cajasur' y de la 'buena voluntad de los trabajadores' de la caja. El dirigente socialista subrayó que Castillejo no está actuando con 'inteligencia para terminar su ciclo con dignidad'.

En su discurso, Castillejo, según las fuentes consultadas, se envolvió en la bandera localista, y aseguró que Cajasur no se moverá de Córdoba. Afirmó que la Ley Financiera auspiciada por el PP va a garantizar el status actual de Cajasur y que ha logrado evitar, de esta manera, la caja única, el proyecto del Gobierno autonómico de crear una gran caja andaluza. Asimismo, estas fuentes informaron de que hizo referencias a sus propiedades.

Por otra parte, la presidenta del PP andaluz, Teófila Mártínez, subrayó ayer en Córdoba que las cajas de ahorros deben estar gobernadas según 'criterios profesionales y no políticos', al tiempo que insistió en que la Ley de Cajas establece un equilibrio entre la representación de las entidades públicas y de los verdaderos propietarios de las cajas que 'son los impositores y los agentes sociales', informa Europa Press.