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La Fiscalía imputa a los 14 concejales de Sagunto que aprobaron la urbanización del marjal de L'Almardà

Sara Velert

El fiscal de delitos medioambientales Javier Carceller ha pedido al Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto que tome declaración en calidad de imputados por un posible delito de prevaricación a los 14 concejales que aprobaron en mayo de 2001 la urbanización del polígono G-2 del plan parcial de L'Almardà en Sagunto, en el marjal de Almenara.

El área afectada por los planes de urbanización, unas nueve hectáreas en las que se prevé la construcción de chalets y apartamentos, es un marjal, 'que por el mero hecho de ser una zona húmeda, goza de protección' legal, advierte el fiscal.

El Ayuntamiento de Sagunto suspendió en marzo de 2000 la tramitación del plan parcial de L'Almardà porque el polígono se incluía en un primer listado del catálogo de zonas húmedas del Consell. Al quedar posteriormente excluido este marjal, el Consistorio, con los votos favorables de 14 concejales, aprobó en mayo de 2001 la adjudicación del programa de actuación integrada del polígono mencionado, a pesar de reconocer 'expresamente' en el acuerdo del pleno que se trata de una zona húmeda, ecosistema protegido por varias leyes y convenciones internacionales. Acció Ecologista-Agró denunció un posible delito contra los recursos naturales al iniciar la empresa adjudicataria la roturación de terrenos, y ayer mostró su satisfacción por la petición de la Fiscalía, 'más que necesaria para frenar la degradación de una zona húmeda'.

El escrito de Carceller, además de contemplar el delito contra los recursos naturales achacable a la mercantil Inmuebles WJK, SL, imputa a los concejales de Sagunto un posible delito de prevaricación 'al no observar la necesaria protección del humedal', cuya existencia reconocían, y aprobar la urbanización de la zona. El fiscal pide al juzgado que tome declaración a los ediles y que comunique al Ayuntamiento la existencia de este proceso penal, de modo que suspenda 'la tramitación de cuantos expedientes afecten a la zona húmeda'. Las obras, paralizadas por el Consistorio en julio de 2001 por carecer la empresa de licencia para excavaciones, continuarán paradas mientras dure la instrucción del caso.

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Sobre la firma

Sara Velert
Redactora de Internacional. Trabaja en EL PAÍS desde 1993, donde ha pasado también por la sección de Última Hora y ha cubierto en Valencia la información municipal, de medio ambiente y tribunales. Es licenciada en Geografía e Historia y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS, de cuya escuela ha sido profesora de redacción.

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