La causa judicial sobre el robo de los sumarios de Marbella se cierra definitivamente sin culpables

El robo de 15 sumarios en los Juzgados de Marbella va a quedar impune. La Audiencia de Málaga ha cerrado definitivamente sin culpables la investigación judicial que se inició en agosto de 2001, cuando se descubrió, en medio de un gran escándalo nacional, que 15 causas -entre ellas 13 contra el ex alcalde Jesús Gil- habían desaparecido de los archivos judiciales. En una decisión fechada el pasado 12 de octubre que se conoció ayer, la Sección Primera de la Audiencia establece que el sobreseimiento acordado por la juez instructora de Marbella, María José Rivas, 'es perfectamente acomodado a derecho'.

La sala confirma el archivo de la causa, que había sido recurrido por el PSOE y la Junta de Andalucía. Contra esta decisión no cabe ya recurso alguno. La única posibilidad de encontrar a los autores e inductores del borrado informático y la sustracción de más de 50.000 folios correspondientes a 15 sumarios sería que la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía descubriera nuevas pistas.

En un auto de dos folios y medio, la sala sostiene que 'faltan pruebas incriminatorias respecto de Juan Saborido'. Los tres jueces de la Sección Primera que han tomado la decisión -José Godino, Enrique Peralta y Diego Bueno- consideran que tampoco hay 'indicios racionales' de delito contra 'el resto de las personas que fueron investigadas y relacionadas con el funcionario Francisco Calero Martín'. Los magistrados concluyen que 'la falta de acreditación de los autores e inductores de la desaparición de los procedimientos y borrado de archivos acaecidos en los Juzgados de Marbella motiva el sobreseimiento provisional acordado'.

Según el auto, un procedimiento 'no puede seguir abierto indefinidamente', en espera de que los imputados demuestren su inocencia, sino que 'el criterio resulta ser el contrario'. La resolución rechaza también una diligencia solicitada por la Junta de Andalucía porque obligaría 'a alargar innecesariamente la fase sumarial'.

José Godino, el presidente de la sala, renunció voluntariamente en la primavera del año 2000 a figurar en el tribunal que debía juzgar a Jesús Gil en el caso de las camisetas. Este juez formó parte de la comisión ejecutiva de las jornadas jurídicas de Marbella, que se celebraban todos los años con el patrocinio del Ayuntamiento y quiso con aquella decisión evitar susceptibilidades sobre su imparcialidad y eludir la recusación de la acusación popular.

La juez instructora decidió por primera vez el archivo de la causa el 20 de diciembre de 2001, cuando habían transcurrido cinco meses desde que se iniciara la investigación. Esta decisión fue recurrida por la acusación popular (PSOE) y el 30 de abril, la Sección Primera, con los mismos magistrados que en esta ocasión, reabrió el caso. La acusación popular solicitó nuevas pruebas, pero la instructora, con el informe favorable del fiscal Julio Martínez, decidió el 19 de julio el archivo de un sumario de 2.000 folios. La instructora se basaba en que el suicidio del principal sospechoso, el agente judicial Francisco Calero, cuando fue detenido por la Policía el 3 de octubre de 2001, bloqueó la investigación.

La portavoz socialista en Marbella, Isabel García Marcos, que ha ejercido la acusación popular, solicitó hace más de un año que interviniera en el caso la Fiscalía Anticorrupción. El abogado del PSOE, José Carlos Aguilera, considera que 'si el fiscal general del Estado no hubiera rechazado la petición de que interviniera Anticorrupción, tengo la seguridad de que el caso no estaría archivado y el resultado de la investigación habría sido bien distinto'.

García Marcos, consideró ayer 'lamentable' el archivo del caso. La concejal aseguró que 'no ha habido ninguna voluntad seria ni real', por parte de la Administración de Justicia, de investigar los hechos en profundidad, informa Meme del Río. Según la portavoz socialista 'está claro que una persona sola no pudo haber sustraído 50.000 folios; nunca se investigó quienes indicaron al funcionario que cometiera el robo'. García Marcos lamentó el 'cierre en falso' de un asunto tan grave, sin que se haya esclarecido la identidad de los verdaderos responsables: 'Con el archivo y una sanción leve a un fiscal se ha zanjado el asunto'. El portavoz del PA en Marbella, Carlos Fernández declaró que 'el principal perjudicado del robo ha sido Calero y el principal beneficiado Jesús Gil'.

El presidente provincial del PP, Joaquín Ramírez expresó su 'profunda decepción' por la decisión judicial'. 'Un delito gravísimo queda en la más absoluta impunidad y no hay garantías de que no vuelva a repetirse en el futuro', añadió. Antonio Romero, portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz, mostró su 'asombro' por el archivo del caso y consideró 'muy grave que la Justicia arroje la toalla frente a fenómenos de carácter mafioso como los que se producen en la Costa del Sol'.