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COLUMNA

Zonas de corrupción

El endurecimiento del régimen de incompatibilidades propuesto por Zapatero haría imposible -o cuando menos dificultaría al máximo- que los parlamentarios trabajaran para empresas cuyas actividades dependan de las decisiones del Legislativo. Tal fue el caso de los congresistas del PP López Amor (portavoz en la Comisión de Infraestructuras) y González Pérez (vicepresidente de la Comisión de Defensa y vocal de la Comisión de Interior), autorizados en su día por la Comisión del Estatuto del Diputado para asesorar a una inmobiliaria y a una empresa de seguridad. Ambos diputados renunciaron hace una semana -al hacerse pública la noticia- a esas ocupaciones remuneradas, no sin aducir ilógicamente la ausencia de motivos políticos, jurídicos o morales para la adopción de su decisión. Quienes recuerden la blindada capacidad de encaje de López Amor frente a las críticas cuando era director de RTVE se habrán quedado seguramente atónitos por su pudorosa retirada de ahora.

La inesperada explosión de orgullo herido de los dos diputados cobra pleno sentido si sus dimisiones se deben -como parece probable- a una orden tajante del presidente Aznar, inquieto ante la idea de que la hoja más pesada del famoso tríptico -'paro, despilfarro, corrupción'- utilizado por el PP en 1996 contra los socialistas cayese ahora sobre su cabeza. Por lo demás, las sospechas de venalidad de los populares son azuzadas irresponsablemente por el propio Gobierno: la encastillada resistencia del PP a someter a escrutinio parlamentario la privatización de las empresas públicas bajo su mandato resulta injustificable en términos legales y reglamentarios después de que el Constitucional diese amparo al Grupo Parlamentario Socialista por el arbitrario rechazo de la Mesa del Congreso a la comparecencia de los entonces presidentes de Telefónica y Endesa. El fantasma del caso Gescartera acecha también a los populares: hasta el ministro-secretario general Arenas ha reconocido la gravedad de esa 'estafa monumental' sub iudice que salpicó a un secretario de Estado de Hacienda y a los directivos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores nombrados por el Gobierno.

El trabajo de los diputados López Amor y González Pérez en compañías privadas cuya actividad se desarrolla en ámbitos sometidos al control de las comisiones de las que son miembros se halla emparentado de alguna forma con la venalidad política. Arnold J. Heindenheimier clasifica los supuestos de corrupción pequeña, rutinaria o agravada en tres categorías cromáticas -blanca, gris y negra- cuyas fronteras varían de acuerdo con los marcos culturales y la percepción social de los élites o de la opinión pública. El desempeño de cargos públicos y la dedicación simultánea a ocupaciones privadas rentables o asalariadas (en estos ejemplos específicos, el asesoramiento a una inmobiliaria y a una empresa de seguridad) darían lugar a un caso claro de corrupción negra sólo si la conexión entre ambas esferas estuviese inequívocamente marcada por la prevaricación y el soborno.

La zona gris de la venalidad política cubre un espectro más amplio y de diagnóstico incierto: ni existe tipificación delictiva del comportamiento cuestionado (como el trabajo de los parlamentarios para compañías privadas) ni hay un acuerdo social unánime sobre la conveniencia de recurrir a la sanción penal. Tal vez los miembros de la Comisión del Estatuto del Diputado que autorizaron a López Amor y González Pérez para compatibilizar el escaño con esas actividades empresariales consideraron su permisiva decisión una práctica de corrupción blanca tolerada por los usos políticos: la condescendencia corporativista ('hoy por ti, mañana por mí') afecta también al oficio parlamentario y se presta igualmente a criticables indulgencias gremiales. Ocurre, sin embargo, que el color de los abusos del poder varía según el punto de vista adoptado y cambia de tono con el paso del tiempo: las dimisiones -probablemente inducidas- de los dos diputados del PP y las propuestas de Zapatero parecen indicar que las fronteras entre las zonas blanca, gris y negra de la corrupción continúan moviéndose en la buena dirección.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de noviembre de 2002