Columna
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Los árboles y el bosque

Con la información de que ahora mismo disponemos no es posible pronunciarse sobre si la póliza suscrita por Cajasur a favor de su presidente, el sacerdote Miguel Castillejo, tiene cabida o no dentro de la Ley andaluza de Cajas de Ahorro, o si daña su solvencia o no. Habrá que estar a lo que resulte de la información que la caja cordobesa transmita a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y al Banco de España, respectivamente, para que podamos formarnos una opinión con base en la información adecuada acerca de estos extremos. Hasta ese momento, considero que lo mejor que se puede hacer es dejar en suspenso el juicio y no aventurar opiniones, que puede acabar resultando que carecen de cualquier fundamento. No me parece que esperar algunos días hasta tener una información solvente genere ningún tipo de perjuicio al proceso de formación de la opinión pública en este asunto, mientras que sí se puede producir, opinando de manera precipitada, un daño difícilmente reparable en el derecho al honor del presidente de Cajasur.

La póliza a favor de Miguel Castillejo puede ser legal o no. Pero tanto si lo es como si no, palidece en importancia frente a lo que proyecta el Gobierno con la ley financiera.

No es, por tanto, a la póliza del presidente del Consejo de Administración de Cajasur a lo que voy a referirme, sino a algo que me parece mucho más preocupante para Andalucía en relación con dicha entidad y que, sin embargo, está pasando casi desapercibido. Me refiero al proyecto del Gobierno de la nación de llevarse en cierta medida Cajasur de Andalucía y dirigirla en aspectos esenciales desde fuera de nuestra comunidad autónoma. Dicho plan ha tomado cuerpo en el proyecto de ley de Reforma del Sistema Financiero, ya aprobado por el Senado y que estará, por tanto, publicado en el BOE antes de un mes. El riesgo de una cierta desterritorialización o desandaluzación de Cajasur está al caer.

En efecto, en el proyecto de ley recién mencionado, tal como ha quedado redactado en la versión aprobada por el Senado, se dispone que 'la aprobación de los estatutos, de los reglamentos que regulen la designación de miembros de los órganos de gobierno y del presupuesto anual de la obra social de las cajas de ahorro, cuya entidad fundadora directa según los citados estatutos sea la Iglesia católica... será competencia del Ministerio de Economía'. Como puede verse, tanto los elementos esenciales de la vida de Cajasur hacia dentro, estatutos y reglamento de gobierno, como los relativos a su proyección hacia el exterior, la obra social, pasarán a ser competencia del Gobierno de la nación y no del Gobierno de la Junta de Andalucía. Cajasur continuará siendo, por el lugar donde opera, una caja andaluza, pero dejará de serlo políticamente, en la medida en que sus decisiones fundamentales serán aprobadas fuera de nuestra comunidad. Esto es lo que está a punto de suceder.

Mentiría si dijera que me ha sorprendido este proyecto del Gobierno de la nación. Es la continuación, corregida y aumentada, de la decisión que adoptó en su día de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía, con la finalidad de impedir que se aplicaran a Cajasur las disposiciones relativas a la renovación de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro. Si entonces no fue más lejos es porque no podía, porque tenía que limitarse a recurrir una ley. Pero ahora, tras la mayoría absoluta alcanzada en las últimas elecciones generales, da un paso más y no solamente pretende excepcionar la vigencia de la ley andaluza en lo que a la renovación de los órganos de gobierno de Cajasur se refiere, sino que pretende sustituir parcialmente la ley andaluza por una ley estatal, dejando a Cajasur en buena medida fuera del sistema financiero andaluz. Con la coartada de la Iglesia católica, se la saca de Andalucía y se establece sobre ella un control político estatal.

Esto es infinitamente más grave para Andalucía que la póliza de crédito suscrita a favor de su presidente sobre la que está recayendo toda la atención, aunque con ello no quiera decir que sea un asunto sin importancia. Pero no es lo más importante que está ocurriendo en y con Cajasur. Lo que se pretende hacer con Cajasur desde el Gobierno de la nación es un ataque frontal a la autonomía andaluza y un ataque en un elemento esencial como es el sistema financiero y el ejercicio de la potestad legislativa.

La Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía no es una ley cualquiera. Es una de las leyes más importantes que ha aprobado el Parlamento de Andalucía desde su constitución en 1982. Más todavía. Es una de la leyes más importantes que cualquier comunidad autónoma puede dictar, dentro del marco de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas contemplado en la Constitución. Dentro del listado de materias que figura en la Constitución sobre las que las comunidades autónomas pueden legislar, solamente hay dos o tres que puedan equipararse, por su entidad y por la influencia que pueden tener en la vida de los ciudadanos, a las cajas de ahorro. Atacar, en consecuencia, la vigencia de la ley de cajas de ahorro de Andalucía es atentar contra un elemento de suma importancia del ejercicio del derecho a la autonomía.

Los árboles no deben impedir ver el bosque. Y el bosque, en lo que a Cajasur y a la autonomía andaluza se refiere, es el proyecto de ley de Reforma del Sistema Financiero. La póliza a favor de Miguel Castillejo puede ser legal o no. Pero tanto si lo es como si no, palidece en importancia frente a lo que se está proyectando por el Gobierno y su mayoría parlamentaria.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 02 de noviembre de 2002.

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