Los jueces se oponen a que el Gobierno expulse a delincuentes extranjeros sin que medie sentencia

Las asociaciones de jueces y los partidos políticos expresaron ayer su oposición a la reforma de la legislación de extranjería que prepara el Gobierno, según la cual los inmigrantes extranjeros que cometan delitos para los que el Código Penal prevea penas inferiores a seis años de prisión serán expulsados de España si el juez no se pronuncia en un plazo determinado.

Actualmente el juez puede elegir entre expulsar o enviar a prisión a los delincuentes extranjeros, pero con la reforma en curso deberá decidir en un tiempo límite marcado por la ley, y si no lo hace el Ministerio del Interior expulsará al acusado.

La mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) respondió ayer al Gobierno. Su portavoz, José Manuel Suárez, aseguró que 'no es posible' la propuesta del Ejecutivo y añadió que 'para acordar la expulsión de un inmigrante con procedimiento judicial abierto hace falta autorización del juez, hace falta un control judicial, no puede el Gobierno por sí solo decidir su expulsión'. Suárez recalcó que 'cuando hay un delito, por menor que sea, hace falta siempre autorización judicial'. Suárez también se mostró contrario a la intención del Gobierno de imponer a los jueces un periodo determinado para que se pronuncien sobre la expulsión. 'En estos momentos no hay en España nada parecido' a esa propuesta, concluyó.

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (progresista), Miguel Carmona, calificó la reforma de 'absolutamente desproporcionada'. A juicio de esta asociación, la regulación actual es bastante razonable, porque permite establecer 'caso por caso' si es pertinente la expulsión como 'alternativa penal'.

La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (moderada) expresó también su oposición a través de su portavoz, Cristina Cárdenas, quien señaló que, en principio, si una persona está sometida a un procedimiento por delito éste tiene que concluir, y una vez dictada sentencia 'es correcto que se adopte una u otra postura, pero no diciendo que si no se pronuncia inmediatamente se procederá a la expulsión'.

'Dudosa constitucionalidad'

Los partidos también han expresado su rechazo a la reforma. La secretaria de Políticas Sociales del PSOE, Consuelo Rumí, calificó el proyecto de 'inaudito, insólito y de dudosa constitucionalidad' y lo calificó de discriminatorio con respecto a los ciudadanos españoles. Rumí añadió que el juez 'se ha de pronunciar y justificar, en uno o en otro caso, la expulsión o el ingreso en prisión' del inmigrante, por lo que, al ampararse en el silencio judicial, la propuesta del PP invande las competencias de los jueces.

IU considera que el proyecto del Gobierno invade competencias del Poder Judicial, y CiU aboga porque los jueces sean siempre los que dicten la expulsión o no. SOS Racismo lo considera, por su parte, 'electoralista'.