El Congreso blinda con medidas legales a los concejales vascos

El juez Garzón procesa a 24 miembros de Gestoras Pro Amnistía

La iniciativa -'una garantía de libertad', según populares y socialistas- obliga a reformar varias leyes para aumentar la seguridad de los concejales amenazados en Euskadi. El Código Penal se endurecerá para castigar coacciones, injurias o calumnias contra los ediles vascos. La Ley Electoral se modificará para permitir que los interventores puedan no pertenecer a la circunscripción electoral donde ejercen su labor e impedir que sean elegidos condenados por delitos de terrorismo o rebelión, aunque la sentencia no sea firme. Y la Ley de Bases de Régimen Local cambiará para permitir la disolución por el Consejo de Ministros, previo acuerdo del Senado, de municipios que enaltezcan o justifiquen el terrorismo.

CiU ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra este aspecto legal al considerar que vulnera las competencias de aquellas autonomías que tienen traspasada la normativa sobre Administración local.

El PNV recordó que muchas de las medidas de la proposición de ley que inició ayer su tramitación en el Congreso ya han sido aprobadas en la Mesa de Arkaute, un foro impulsado por el Gobierno vasco, de la que se excluyó a Batasuna y en la que el PP no quiso participar.

Por otra parte, el juez Baltasar Garzón procesó ayer a 24 miembros de Gestoras Pro Amnistía, la asociación de apoyo a los presos de ETA, por pertenencia a banda armada.

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