Justicia acuerda implantar los juicios rápidos con ocho comunidades

El ministro de Justicia, José María Michavila, y las comunidades autónomas con competencias transferidas en esa materia acordaron ayer la implantación de juicios rápidos, la adhesión a la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia, la modificación de la oficina judicial y el papel de los secretarios judiciales.

El ministro recordó que los juicios rápidos permitirán juzgar las faltas en 72 horas y los delitos en 15 días y acordó crear un grupo de trabajo para estudiar su implantación. Para su financiación cuenta con una partida de 22 millones de euros en los Presupuestos y el objetivo es que se celebren 'en todos los rincones de España'.

Respecto a las 'unidades procesales de apoyo directo al juez', Michavila dijo que su finalidad es que el ciudadano tenga 'una atención ágil y de calidad'. Estas unidades podrán contar con un secretario judicial y con el personal necesario para la atención al juzgado o tribunal de que se trate. El ministerio y las comunidades autónomas serán competentes para crear y organizar servicios procesales comunes de registro y reparto, notificaciones, auxilio judicial y ejecutorias.

Los acuerdos configuran a los secretarios judiciales como una estructura jerarquizada, se les asigna la fe pública y la garantía de autenticidad de lo que se grabe o reproduzca. También se perfila un nuevo estatuto del personal auxiliar, partiendo del carácter nacional de los cuerpos.

Estos últimos aspectos no fueron asumidos por la viceconsejera vasca de Justicia, Esther Larrañaga, que dijo que los secretarios y el personal auxiliar deben ser cuerpos transferidos. El representante de Cataluña, Jaume Amat, apoyó el acuerdo pero presentó un voto contra los 'cuerpos nacionales'.