La minoría del Poder Judicial se opone a la 'causa general' contra la juez Ruth Alonso

La minoría progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pide al pleno de este órgano que, en lugar de plantear medidas disciplinarias contra actuaciones jurisdiccionales o abrir una 'causa general' contra la juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao Ruth Alonso por la excarcelación del etarra Félix Gil Ostoaga, apoye a la juez y al resto de los jueces de vigilancia.

En la reunión que ayer celebró la comisión permanente, los vocales del sector progresista José Antonio Alonso y Javier Martínez Lázaro propusieron y consiguieron que los letrados del servicio de inspección informaran sobre las diligencias que están practicando por orden del presidente del CGPJ, Francisco Hernando.

Según los vocales mencionados, la inspección está analizando cuestiones jurisdiccionales y no el caso concreto de una excarcelación, sino toda la actividad jurisdiccional de la juez de vigilancia. A la vista de estos datos, el vocal Alonso manifestó que la minoría 'no va a tolerar que se utilice la vía disciplinaria para analizar la actuación jurisdiccional de una juez ni que se abra contra ella una causa general'.

División de poderes

Siete vocales de la minoría progresista pusieron ayer de manifiesto al pleno del CGPJ 'el riesgo que corre el Estado de Derecho si se trata de limitar la estricta división de poderes condicionando el ejercicio íntegro del poder judicial, como garantía de los derechos y libertades de todos los ciudadanos'.

En el escrito se recuerda la necesidad de luchar contra el terrorismo 'desde el escrupuloso respeto a las normas del Estado de Derecho', entre las que se cuenta las que atribuyen a los jueces de vigilancia penitenciaria 'el importante cometido de resolver los conflictos que surjan en el cumplimiento de las penas que impone el Estado, a través de sus tribunales de justicia'.

Recuerdan también que las decisiones judiciales se corrigen mediante los recursos y esima inadmisible que 'el CGPJ, y en particular su presidente, constitucionalmente encargados de velar por la independencia de los tribunales, ofrezcan a la opinión pública la idea de que las decisiones jurisdiccionales susceptibles de más de una interpretación hayan de ser objeto de medidas disciplinarias si se apartan de los deseos de algunos de los restantes poderes del Estado', es decir, el Gobierno.

Precisamente el ministro del Interior, Ángel Acebes, instó ayer a la juez a que 'asuma todas las críticas de la sociedad'. Por su parte, el fiscal ha recurrido también la excarcelación por la juez Alonso de otro etarra: José Ramón Basauri.