El PHN debería obligar a pagar el coste real del agua, según un experto

La gestión sostenible de los recursos hídricos pasa por la recuperación de los costes que genera, por lo que es necesaria una política tarifaria que afectará de manera significativa a la factura del consumidor. 'El ciudadano tiene que ser consciente del coste del agua', afirmó ayer Enrique Cabrera, de la Universidad Politécnica de Valencia, en unas jornadas que se celebran en la UIMP. Según Cabrera, el Plan Hidrológico Nacional (PHN) no contempla una política de precios a nivel general, que deberá aplicarse a la gestión del agua para cumplir la directiva marco europea.

El PHN prevé la recuperación de costes al marcar un precio para el agua de los trasvases (0,3 euros por metro cúbico), pero no desarrolla una política tarifaria general que será necesaria para alcanzar una gestión sostenible de los recursos, tal como la exigirá la directiva europea del agua a partir de 2010. 'La gestión sostenible del agua UE pasa por la recuperación de costes' para el mantenimiento de las infraestructuras, la depuración, el control de vertidos y la protección del medio ambiente, indicó Cabrera, y ello implicará una política de tarifas que subirá la factura de los consumidores.

Según cálculos de Cabrera, del Instituto Tecnológico del Agua de la Universidad Politécnica de Valencia, en España la tarifa media del agua supone un 0,4% sobre el total de los ingresos medios familiares, y esa factura se multiplicaría por cuatro, hasta alcanzar el 1,6%, para recuperar los costes que genera una política hídrica sostenible; en otro países de la Unión Europea, como Alemania, Dinamarca o el Reino Unido, el recibo del agua ya refleja prácticamente todo el coste de la gestión de los recursos.

'El ciudadano tiene que entender que el agua ahora es barata porque la mayoría de los costes no se repercuten en la factura', explicó Enrique Cabrera, que dirige las jornadas sobre política de gestión del agua que se celebran hasta mañana en la sede valenciana de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. A modo de ejemplo, Cabrera citó el caso algunas depuradoras, que si bien se han construido con subvenciones europeas, después generarán un gasto de mantenimiento o exigirán la renovación de la infraestructura.

Cabrera destacó en su intervención de ayer que la directiva europea pretende una nueva política hídrica que se sustenta en cinco pilares básicos: la protección de la aguas superficiales y subterráneas; el estricto control de los vertidos y de la calidad del agua; una gestión por cuencas hidrográficas -que en España ya se aplica-; el fomento de la participación ciudadana en la política del agua y la mencionada introducción de una nueva política de tarifas. Estas medidas serán necesarias para incentivar el ahorro y el uso racional del agua.

Cabrera recordó el principio de 'quien contamina, paga' y que detraer agua también deteriora el medio ambiente, por lo que será necesario 'concienciar a la sociedad' de que la gestión sostenible de los recursos tiene un precio. El experto citó como posibilidad una política que mantenga tarifas baratas para cubrir las necesidades básicas y que suba el precio cuando se rebase ese consumo. En esta línea, otro de los ponentes de las jornadas, Bernard Barraqué, de la Universidad Paris XII Val-de Marne, habló de 'solidarizar el uso del agua' y buscar sistemas que repartan el coste de manera solidaria. Barraqué apuntó que los países del sur de Europa, y también los del Este que ampliarán la UE, están lejos de la recuperación de costes de las infraestructuras porque aún están en la fase de completar 'el equipamiento esencial'. Por ello, 'no es justo' imponerles las mismas normas en la recuperación de costes hasta que completen las infraestructuras básicas.

Enrique Cabrera incidió también en la necesidad de consensuar una gestión integrada del agua. El experto explicó que ahora existe un 'divorcio' entre la gestión y el uso del agua; así, son varios los ministerios que se ocupan de alguna faceta relacionada con la extracción o empleo de los recursos hídricos (Medio Ambiente, Agricultura, etcétera), y los ayuntamientos, por su parte, se encargan del abastecimiento y mantenimiento urbano.

En relación con el PHN, Cabrera resaltó que, además de no prever una política tarifaria, 'es un plan incompleto al hacer énfasis en la gestión de la oferta y no atacar la gestión de la demanda' del agua. 'En este momento no hay ningún organismo o autoridad hídrica que controle cómo se gasta el agua o que analice su rendimiento', añadió Cabrera, quien abogó por buscar 'un gran pacto de Estado' en relación con la política hídrica.