La corrupción, otra vez

La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona condenatoria de un importante empresario inmobiliario barcelonés y de un alto funcionario de la Inspección de Hacienda del Estado, entre otros, por un delito de cohecho (soborno) ha puesto otra vez de actualidad el asunto de la corrupción.

Otras decisiones judiciales, como la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de Mario Conde y demás financieros implicados, ponen de manifiesto la existencia una decidida voluntad por parte de los tribunales de luchar contra esta lacra de la corrupción así como la suficiencia del Código Penal para el logro de este objetivo.

Su eliminación, sin embargo, no es tarea fácil. Es necesario aumentar la transparencia de la gestión pública; incrementar la autonomía funcional de la Fiscalía Anticorrupción así como sus medios (sólo dispone de 11 fiscales), lo cual explica, entre otras razones, que su intervención sea muy limitada. Así, en el periodo 1996-2000 sólo se ha ocupado de 143 casos, mientras que la justicia penal española tramitó en 1998 110.000 causas con sentencia condenatoria.

España no ha suscrito los convenios europeos contra la corrupción que han firmado Albania, Andorra y Moldavia

En los hechos del proceso de la Audiencia de Barcelona se recoge una circunstancia interesante para entender el funcionamiento de la corrupción: la intervención de personas que habiendo pertenecido al sector público se pasan a la empresa privada con mantenimiento de sus conexiones con otras que siguen en el primero. La confusión de lo público con lo privado constituye, hoy en día, un auténtico cáncer social. Últimamente, los medios de comunicación social se hacían eco de que en unas administraciones autonómicas y locales regentadas por miembros de uno de los principales partidos políticos se habían concedido adjudicaciones de diversa naturaleza a toda una plaga de hijos, novias, cuñadas... de personas con alta responsabilidad en aquéllas.

Explica Calamandrei, ilustre jurista italiano, que en la época fascista, cuando un jerarca era designado ministro de Justicia, los despachos profesionales de sus allegados, antes modestos, crecían de forma espectacular. Nada decía de lo que pasaba cuando se producía un cambio de guardia, según la terminología de esa etapa, y el jerarca era destituido. Sería ingenuo y tranquilizador suponer que tales hechos sólo se producen en las dictaduras. No es así, desgraciadamente.

La corrupción viene de lejos y va para largo. La primacía de la economía sobre el derecho y la moral constituye su raíz. Y es que, aunque sea doloroso reconocerlo, es rentable económica y socialmente. El empresario barcelonés que entregó, según la citada sentencia, 60 millones de pesetas al inspector de Hacienda, lo hizo con la idea de ahorrarse el pago de unas cuotas tributarias por una cantidad más elevada; y el inspector, para percibir una suma muy superior a sus retribuciones de varios años.

Por otra parte, la corrupción preocupa a un número ínfimo de españoles: al 0,8%. Dicho de otro modo, existe en nuestra sociedad un alto índice de indiferencia, desconocimiento y tolerancia sobre este problema. Aquí radica otra de las causas de la corrupción. Y no será porque España sea un país libre de corrupción: ocupa el lugar 22 en una lista de 90, detrás de Singapur y de Hong Kong, y el 10º entre los 15 Estados miembros de la Unión Europea.

No es de extrañar si se tiene en cuenta que España es el segundo país de la Unión Europea, sólo precedido por Italia, en importancia de la economía sumergida: equivale al 25% del producto interior bruto y al 7,9% del empleo que, naturalmente, escapan al control de Hacienda y de la Seguridad Social.

¿Qué hacer contra la corrupción?

En primer lugar, potenciar las actuales líneas de acción.

Luego, suscribir los convenios del Consejo de Europa sobre esta materia que España, lamentablemente, todavía no ha firmado con la sola compañía de Azerbaiyán, Armenia, Liechtenstein y San Marino... Incluso lo han hecho Moldavia, Albania y Andorra.

Después dignificar la función pública y convertir su práctica en no rentable, por falta de racionalidad económica.

Para terminar, establecer un sistema de ventajas fiscales para todos aquellos que cumplan con sus obligaciones tributarias y colaboren con la Hacienda Pública.

interior bruto y al 7,9% del empleo que, naturalmente, escapan al control de Hacienda y de la Seguridad Social.

¿Qué hacer contra la corrupción?

En primer lugar, potenciar las actuales líneas de acción.

Luego, suscribir los convenios del Consejo de Europa sobre esta materia que España, lamentablemente, todavía no ha firmado con la sola compañía de Azerbaiyán, Armenia, Liechtenstein y San Marino... Incluso lo han hecho Moldavia, Albania y Andorra.

Después dignificar la función pública y convertir su práctica en no rentable, por falta de racionalidad económica.

Para terminar, establecer un sistema de ventajas fiscales para todos aquellos que cumplan con sus obligaciones tributarias y colaboren con la Hacienda Pública.

Ángel García Fontanet es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.