Los auditores cambian el 'chip'

La nueva Ley Financiera no sólo ha supuesto un disgusto para los auditores, que se enfrentan a una nueva tasa, más incompatibilidades, más vigilancia y un nuevo régimen de sanciones. También es un reto para un negocio que está cambiando a marchas forzadas desde que estalló el caso Enron hace un año y que lucha por recuperar la credibilidad perdida.

De los cambios legales, el que más impacto tiene a corto plazo en el negocio es una nueva tasa sobre los informes de auditoría

La Ley Financiera, aprobada en el Senado esta semana y que aún debe pasar el último visto bueno del Congreso, ha dado la vuelta a la Ley de Auditoría, de 1988, pero ha ido en dirección contraria a la autorregulación que demandaban los auditores. Y lo ha hecho paso a paso, ya que en su primera redacción el proyecto sólo incluía una referencia a los auditores. Ocho meses y decenas de enmiendas después, los cambios afectan al negocio, su actividad y hasta la forma en que se accede a la profesión.

De todos los cambios que introduce el texto, el que más impacto tiene en el negocio a corto plazo es una nueva tasa sobre los informes de auditoría, que, si se cumplen los cálculos del presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), José Luis López Combarros, empezará a pagarse el año que viene. Cada trimestre, los auditores deberán pagar 60 euros por cada informe que les haya generado ingresos inferiores a los 30.000 euros, y 180 si sus honorarios por el trabajo han superado esa cantidad. Este antiguo auditor considera que el control de calidad sobre las auditorías será a partir de ahora 'bastante más riguroso', gracias a la nueva tasa.

Aunque en principio parecen cantidades ridículas para unos profesionales que, sólo por los trabajos que controla el ICAC, facturaron el año pasado 400,5 millones de euros, el sector se ha puesto en pie de guerra. Al fin y al cabo, supone un coste más a añadir a la espectacular subida que se ha producido en las primas que estos profesionales pagan por sus seguros, por encima del 20%, según fuentes especializadas. Y eso en un sector que no sólo no registra crecimientos espectaculares, sino que vive desde hace años una guerra de precios para ganar clientes y que se queja de tener los precios más bajos de Europa. El año pasado, la hora de auditor se pagaba a 52,63 euros de media, un 2,3% más que el año anterior, según el ICAC.

José María Gassó, presidente del Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas (IAJC), una de las tres corporaciones que agrupan a los auditores, considera que las firmas se verán obligadas a repecurtir ese coste a sus clientes. Lo que no está tan claro es que éstos estén dispuesto a pagarlo.

La tasa es un invento totalmente español, pero otras de las modificaciones incluidas en la ley tienen sabor europeo, e incluso americano. Es el caso de todas las disposiciones que afectan a la independencia del auditor, sobre las que la UE llevaba trabajando casi dos años, se vieron aceleradas por el efecto Enron, y que son más un engorro organizativo que un coste.

Así, los auditores se verán obligados a cambiar el socio y el equipo que vigila las cuentas de una misma empresa cada siete años. Otra arma con la que la ley pretende reforzar la independencia de los auditores es la obligación de declarar sus honorarios, tanto los que perciben de un cliente por revisarle las cuentas como por otros servicios distintos a la auditoría. Además, se refuerzan las incompatibilidades, de tal forma que un auditor no sólo no podrá mantener relaciones empresariales con un cliente, sino que tampoco podrá venderle determinados servicios. Este régimen de incompatibilidades es muy exhaustivo, pero a la vista de cómo funcionan las grandes firmas de servicios profesionales, tendrá poco impacto para el negocio, aseguran fuentes jurídicas. Un ejemplo: la prohibición de vender servicios de abogacía, para lo que basta que lo haga una empresa que tenga personalidad jurídica y un consejo de administración diferente. Las cuatro grandes hace tiempo que tienen así sus divisiones legales.

Entre los cambios que más preocupan a los auditores está el régimen de sanciones, que distingue entre auditores individuales y sociedades, e incrementa la máxima sanción para estas últimas hasta un 20% de su facturación anual, en el caso de las infracciones muy graves. Los auditores consideran que ese porcentaje puede suponer la quiebra de una empresa y critican que sea el ICAC el encargado de controlarles y de sancionarles.