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Las tareas de protección y la pérdida de agentes lastran la Policía Autonómica

El Consell reitera desde 1998 la promesa de que duplicará la unidad inicialmente asignada

El germen de la Policía Autonómica Valenciana, en realidad una unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a las órdenes de la Generalitat, permanece congelado desde su creación en 1993. El Consell reiteró hace díez días que firmará en breve un convenio con el ministro del Interior, Ángel Acebes, para convocar un concurso de traslados en el Cuerpo Nacional de Policía que permita ampliar la unidad de la Policía Autonómica Valenciana hasta el medio millar de agentes.Una promesa que ha reiterado el Gobierno valenciano desde que la formulara Zaplana en 1998.

El entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, realizó el anuncio de que reclamaría nuevas competencias y más agentes para la Policía Autonómica a principios de octubre de 1998 durante la festividad del Ángel Custodio. Entonces se fijó un plazo de dos años para conseguir el objetivo que sigue pendiente a día de hoy.

La unidad de agentes policiales a las órdenes de la Generalitat lejos de aumentar, sin embargo, ha disminuido. Al igual que ha ocurrido en otras fuerzas de seguridad del Estado, los 246 agentes en nómina contabilizados en 1995 se han reducido hasta los 217 de este año, según datos del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que atribuye la merma a traslados, ascensos y jubilaciones. La Consejería de Justicia, de quien depende la Policía Autonómica, no ha facilitado dato alguno pese a las reiteradas peticiones.

En febrero pasado, el consejero de Justicia, Carlos González Cepeda, y el entonces director general de la Policía Nacional y hoy delegado del Gobierno, Juan Cotino, aseguraron que sólo un mes después se incorporarían a la unidad autonómica los 76 agentes de la Policía Nacional seleccionados en noviembre de 2001. El SUP asegura que a fecha de hoy los traslados siguen paralizados. En el aire sigue la promesa de dotar la Policía Autonómica con 174 agentes más antes de concluir el año.

Durante la gestión de los populares al frente de la Generalitat, las funciones de la Policía Autonómica Valenciana -idénticas a las que ejercen las unidades del Cuerpo Nacional de Policía adscritas a la Xunta de Galicia y a la Junta de Andalucía- no han variado. La Policía Autonómica Valenciana, desde su constitución en 1993 con el gobierno socialista de Joan Lerma, tiene encargadas la vigilancia y protección de personas e inmuebles de la Generalitat, la inspección de las actividades sometidas a competencia autonómica (fundamentalmente la protección de menores y del medio ambiente y la inspección de espectáculos) y el uso de la coacción en orden a la ejecución de los actos de la propia comunidad. Pese a la merma de efectivos, el número de servicios realizados se ha intensificado de manera espectacular. De los 19.364 servicios realizados entre enero y septiembre del año pasado se ha pasado a un total de 36.448, lo que supone casi un incremento del 100%. Los propios policías, pese al triunfalismo de las cifras, advierten que en la estadística se incluyen todas las actividades, desde la entrega de una citación a la detención de un delincuente.

Labores y salarios

De los 217 agentes que integran la Policía Autonómica sólo 63 (20 en Valencia, 25 en Alicante y 18 en Castellón) realizan labores relacionadas con la protección de menores, el medio ambiente y espectáculos, según fuentes policiales. El resto realizan tareas de vigilancia y protección, que aumentaron a principios de año cuando se reforzó la seguridad de los consejeros ante el temor a una nueva escalada de terrorismo etarra. Sin embargo, los agentes autonómicos han sabido ganarse con su profesionalidad la querencia de los populares. El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha reclamado recientemente en comisión de servicios el traslado de sus ángeles guardianes, según el Sindicato Unificado de Policía. También el candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, Francisco Camps, cuenta con miembros de esta unidad en labores de escolta, según las mismas fuentes. Una asignación que resulta curiosa, ya que Camps fue delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y su seguridad había estado encomendada a miembros del Cuerpo Nacional de Policía no adscritos a la unidad de Policía Autonómica.El afecto de los cargos populares por esta unidad no ha tenido, sin embargo, repercusión en la asignación presupuestaria, ya que los agentes, pese a las largas jornadas y el riesgo de sus misiones, apenas alcanzan los 1.200 euros (200.000 pesetas) de salario mensual, muy alejadas de las retribuciones que tienen sus compañeros de la policía autonómica catalana o vasca.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 27 de octubre de 2002

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