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Los auditores creen que la tasa que gravará su labor es inconstitucional

El Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas (IACJC) tiene sobre la mesa un informe que cuestiona la constitucionalidad de la tasa que pesará sobre sus trabajos cuando entre en vigor la Ley Financiera, en principio, en noviembre. Su presidente, Josep Maria Gassó, aseguró ayer en Marbella (Málaga), donde esta corporación celebra su congreso anual: 'Cuando reciba el informe lo analizaremos con el consejo directivo, lo valoraremos y actuaremos en consecuencia'.

El informe, encargado por el IACJC a la Asociación Española de Asesores Fiscales, concluye que la tasa es 'anticonstitucional', en palabras de su presidente, Antonio Durán-Sindreu. Éste explicó ayer que la ley considera una tasa lo que en realidad es un impuesto. La argumentación es la siguiente: las tasas gravan servicios públicos y sólo las pagan quienes los utilizan. Los impuestos, por el contrario, tienen carácter coactivo. Esta tasa 'encubre un auténtico impuesto', aseguró.

De ser así, la Ley Financiera no sería el cauce adecuado para su aprobación, continuó Durán-Sindreu, quien además cuestionó la posibilidad de configurar un impuesto sobre el control de calidad de los trabajos de auditoría, que es lo que se pretende financiar con la nueva tasa.

Lo que no tiene aún claro el IACJC, que representa al 85% de los auditores, es el camino que tomarán cuando reciban el informe, la semana que viene. Según Durán-Sindreu, cualquier auditor obligado a pagar la tasa estaría legitimado para presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Con la nueva ley, los auditores deberán pagar 80 euros por los trabajos que les hayan reportado menos de 30.000 euros y 160 euros por los que superen esa cantidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 26 de octubre de 2002