Vocales del Poder Judicial reprochan a Hernando su actuación contra la juez Alonso
Varios vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reprocharon ayer al presidente del organismo, Francisco Hernando Santiago, la 'urgencia' con la que encomendó al Servicio de Inspección una información previa sobre las circunstancias en las que la juez de vigilancia Ruth Alonso decidió la excarcelación del etarra Ramón Gil Ostoaga.
Los vocales José Antonio Alonso y Javier Martínez Lázaro, de Jueces para la Democracia, y Juan Pablo González, de la Asociación Profesional de la Magistratura, intervinieron en el Pleno para comentar que el presidente del CGPJ debió consultar con la Comisión Permanente su decisión, o, al menos, advertirles de que iba a adoptarla.
'Hubiera sido bueno que hubiese consultado antes a la Comisión Permanente, ya que el tema era importante, pero no parece que exigiera una gran urgencia', afirmó Martínez Lázaro, uno de los dos vocales delegados para el País Vasco. Este consejero aseguró que la juez Ruth Alonso dispuso de 'un informe favorable a la excarcelación por parte de las autoridades penitenciarias'.
José Antonio Alonso explicó que no discuten la capacidad legal del presidente del Consejo para ordenar la apertura de una información previa sobre lo sucedido, pero entienden que debió avisar, al menos, a los miembros de la Comisión Permanente.
El también vocal para el País Vasco Juan Pablo González, del sector afín al presidente Hernando, consideró 'injusto' que se cuestione la imparcialidad de la juez de vigilancia penitenciaria y creyó 'todavía más grave' que se ponga en entredicho la profesionalidad de los jueces vascos, 'cuya labor es admirable'. González recordó que Ruth Alonso lleva 10 años ejerciendo su trabajo al frente del juzgado de vigilancia de Bilbao, y recordó que 'desde hace años' está en 'el punto de mira de ETA por su labor profesional'.
Juzgado de vigilancia
Por su parte, el portavoz del CGPJ, Enrique López, salió en defensa del presidente Hernando, de quien dijo que 'actuó en el ámbito de sus competencias legales'.
López reclamó que no se relacione en ningún caso la decisión de la juez Alonso con la puesta en marcha de un Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional con competencias sobre los presos terroristas. Sin embargo, precisamente hoy el ministro de Justicia, José María Michavila, lleva al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley para crear dicho juzgado en la Audiencia Nacional.
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