Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra
Tribuna:

El sentido de 122 votos y la aporía del reformador

El Parlamento catalán ha dedicado parte de su último debate al desarrollo del autogobierno. Sigue habiendo quien no entiende -o no quiere entender- esta presencia permanente del asunto en la agenda política catalana. Esta aparente perplejidad suele ampararse en un doble argumento. El primero se resume de este modo: 'El asunto del autogobierno no interesa a la sociedad catalana. Pese a este desinterés general, Convergència i Unió (CiU) o Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) lo utilizan para ocultar sus deficiencias en otros terrenos, y Socialistes-Ciutadans pel Canvi e Iniciativa Verds son arrastrados a una trampa que les distrae de otros asuntos públicos de mayor urgencia y entidad'.

A quienes esgrimen un argumento de este tipo, cabe replicarles con algunos datos. Son amplia mayoría los partidos que incorporaron a su programa electoral de 1999 la propuesta de desarrollar el autogobierno y de reformar el Estatuto en la medida que conviniera a dicho desarrollo. Al mismo tiempo, constituyen también amplia mayoría los ciudadanos que -según las encuestas de opinión- responden afirmativamente cuando se les pregunta si Cataluña debe contar con un grado de autonomía superior al que actualmente dispone, ya sea ampliando el Estatuto, ya sea evolucionando hacia un modelo federal, ya sea aspirando a la independencia.

¿Son afirmaciones ideales separadas de la realidad cotidiana? No lo parece. Cuando la ciudadanía expresa su preocupación por asuntos como la acogida de la inmigración, el desarrollo de las infraestructuras o la tranquilidad pública -para elegir tres cuestiones de actualidad-, está interrogándose sobre si las instituciones -la Generalitat, los gobiernos locales- cuentan con las competencias y los recursos necesarios para afrontarlas. Y la mayoría de los expertos responden hoy con la negativa: sólo un mayor grado de proximidad institucional y una asunción de responsabilidades por parte de los poderes más cercanos al ciudadano permiten desarrollar políticas adecuadas y más ajustadas a las necesidades colectivas. En otras palabras, la necesaria redistribución de competencias y recursos que supone el desarrollo o la reforma de unas reglas de juego -Constitución de 1978, Estatuto de 1979, legislación derivada- diseñadas en buena medida para situaciones ya superadas.

El segundo argumento de los escépticos -a veces de fondo, a veces táctico- es el de la inviabilidad de plantear la ampliación del autogobierno en el momento presente.

'¿Para qué tratar del asunto si no se dan las condiciones políticas y parlamentarias necesarias para obtener resultados? El paroxismo creciente del enfrentamiento entre el nacionalismo del PP y el nacionalismo del Partido Nacionalista Vasco y la aritmética parlamentaria de la Carrera de San Jerónimo impiden un debate serio sobre la cuestión. Si no se dispone de la mayoría política favorable, es un ejercicio superfluo cuando no perturbador'. Este argumento conduce a una nada inocente parálisis política. El profesor Viver-Pi Sunyer ha explicado en más de una ocasión lo que él denomina 'la aporía del reformador': si no puede abrirse un debate sobre la reforma constitucional o estatutaria por la razón de que falta la mayoría parlamentaria para llevarla a cabo, ¿cómo podrá alcanzarse una mayoría alternativa si no se acomete primero el proceso de discusión que suministre los argumentos políticos y constitucionales para generarla y sustentarla?

Por fortuna -o por impulso de las formaciones de izquierda-, esta discusión se ha iniciado ya durante esta misma legislatura del Parlamento catalán, al constituirse la comisión para el estudio y reforma del autogobierno. Los trabajos de la comisión

han avanzado a ritmo demasiado lento, pero sin interrupción.Tales trabajos -sobre los términos y el alcance de la reforma- están configurando en Cataluña la mayoría necesaria y suficiente para avanzar de modo sustancial. Lo revelan los 122 votos favorables a la resolución parlamentaria del pasado 3 de octubre, en la que se recogían los criterios esenciales para una actualización del régimen de autogobierno.

Esos 122 votos, si son bien administrados, también pueden contribuir a modificar la mayoría parlamentaria de la Carrera de San Jerónimo, una mayoría que difícilmente se alterará si nos instalamos en la actitud del 'esperar y ver'. O si caemos en la trampa que Viver-Pi Sunyer ha descrito contundentemente en la falsa aporía del reformador frustrado o irresoluto.

¿Es ésta una lectura excesivamente benévola del episodio de los 122 votos? No ignoro el grado de contaminación tacticista que contiene esta resolución: la contienen ésta y casi todas las demás que se votan en los parlamentos. Pero una vez votadas adquieren la dignidad y la legitimidad de una decisión de la representación popular que no debiera ser ignorada.

Si en quienes dieron su apoyo a la resolución mencionada subsiste un residuo de sentido patriótico -como estoy convencido de que subsiste, pese a frecuentes apariencias-, se ofrece ahora la oportunidad de forjar un acuerdo amplio entre las fuerzas políticas catalanas sobre este asunto capital. Sólo este acuerdo amplio -y no las maniobras unilaterales o de ocasión- dan fuerza y credibilidad al deseo mayoritario de contar con un sistema político y financiero capaz de impulsar en este momento el progreso social y económico de Cataluña.

Josep M. Vallès es miembro de Ciutadans pel Canvi y diputado del Grup Socialistes-Ciutadans pel Canvi.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de octubre de 2002