Columna
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El péndulo de la vivienda

Tras cinco años de práctica ausencia en los medios de comunicación de literatura sobre política de vivienda en España, en los últimos meses podría decirse que las consideraciones sobre este tema son prácticamente cotidianas, cualquier comentario sobre vivienda es noticia. Sería demasiado simple -y por lo tanto reduccionista e inexacto- buscar la razón de tanta desproporción en actitudes caprichosas de los periodistas. En la mayoría de países occidentales, a la política de vivienda se le exige una multiplicidad de funciones, no excluyentes entre sí: se le pide que sea un instrumento regulador del mercado y corrector de sus ineficiencias, es considerada un eficaz mecanismo de redistribución de rentas y se la utiliza como una de las armas del utillaje anticíclico dentro del conjunto de políticas económicas coyunturales. A la luz de las grandes oscilaciones que registra la política de vivienda en España -tanto a nivel de elaboración de programas como de asignación de recursos presupuesta-rios- resulta evidente que en nuestro país la política de vivienda se ha ido mostrando hasta hoy cada vez más despojada de las primeras atribuciones señaladas, para operar exclusivamente en su faceta de instrumento anticíclico. En fases expansivas del sector de la construcción la política de vivienda se minimiza, olvidando casi radicalmente los otros objetivos a los que es llamada y tan sólo resurge cuando, o bien el sector de la construcción empieza a mostrar síntomas de flaqueza, o bien los desajustes producidos por la falta de tutela y control del comportamiento del mercado dejan aflorar desajustes sociales de una dimensión preocupante.

Mientras no se acepten restricciones en la libre actuación en favor del equilibrio social, la política será seguidista de la coyuntura
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Ésta es esencialmente la situación en la que nos hallamos en los últimos meses, no porque no existieran antes problemas que había que atender sino porque los desajustes sociales que se han ido larvando en los últimos cinco años de auténtico boom inmobiliario están adquiriendo ahora una trascendencia no ocultable y empiezan a afectar a segmentos de población ya no clasificables como marginales y con una auténtica y contundente capacidad de voto.

Los problemas de alojamiento de la población inmigrada, de la población con niveles bajos de renta, de las familias monoparentales, lamentablemente están lejos de las agendas políticas; al igual que ocurrió a principios de la década de los noventa, el verdadero detonante de la alarma sobre el 'problema de la vivienda' son los jóvenes. Cuando las dificultades de los jóvenes para obtener una vivienda en el mercado -de compra o de alquiler-, es decir para emanciparse e iniciar una vida autónoma respecto de los padres, pasan de ambientes minoritarios para alcanzar a amplios sectores de las capas medias, el eco llega a oídos de los responsables políticos y se inicia una verdadera carrera hacia la conversión del problema en voto, en la perversa utilización del problema como arma electoral.

No debiera ser así, la política de vivienda debería responder siempre y de forma estable a criterios a medio y largo plazo, tanto desde el punto de vista económico como del social. Pero mientras nuestro sistema no incorpore la necesidad de una política de vivienda equitativa y redistributiva como objetivo de pacto entre todos los agentes -públicos y privados-, que conlleve la aceptación de restricciones en la libre actuación, en favor del equilibrio social, seguiremos con una política seguidista de los altibajos de la coyuntura, como un péndulo errático que no consigue marcar acompasadamente las horas y provoca distorsiones tanto en un extremo como en el otro de su recorrido, con importante riesgo de colapso.

Carme Trilla es economista.

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