La Diputación considera 'graves' las irregularidades del chalet de Ardanza

La Diputación de Vizcaya eludió ayer valorar el informe del Gobierno vasco que considera ilegal el chalet que se ha construido el ex lehendakari y presidente de Euskaltel, José Antonio Ardanza, en la reserva de Urdaibai. Alegó que la competencia en este caso corresponde al Gobierno y apuntó que las irregularidades detectadas, 'en el caso de que sean infracciones, no son graves'. 'Estamos exagerando la situación porque se trata del señor Ardanza', dijo la diputada de Medio Ambiente, María Esther Solabarrieta. La oposición instó a adoptar medidas urgentes.

Las infracciones urbanísticas en la edificación de la vivienda en Ardanza, que ha remodelado prácticamente por completo un caserón edificado en los años 60 en el corazón de la reserva de Urdaibai, llegaron ayer a las Juntas Generales de Vizcaya, tras una petición formulada por el PP. Esta polémica se inició en mayo, cuando una frupo ecologista denunció irregularidades en el proyecto, y ha tenido su primer desenlace el pasado 25 de septiembre. El Patronato de Urdaibai, órgano de gestión de la reserva de la biosfera, aprobó ese día un informe contrario a la reforma realizada porque vulnera la ley de protección de este enclave.

Las principales infracciones detectadas son el aumento en un 68% de la superficie edificada, cuando el máximo autorizado en la reserva es del 25% (los 634 metros cuadrados habitables del proyecto original se han convertido en 879), la habilitación de tres viviendas en vez de las dos permitidas, la superación de la altura del caserón en 1,20 metros y la construcción de una piscina.

En aquella reunión, los representantes de la Diputación vizcaína y el Ayuntamiento de Arteaga, municipio donde se ubica el chalet, votaron en contra del informe que certificó la ilegalidad urbanística del chalet. Pero su tesis quedó rechazada al no contar con la mayoría suficiente.

'Sigue abierto'

La diputada foral María Esther Solabarrieta no valoró ayer el contenido del informe, pese a que la Diputación es una de las instituciones con más peso en el Patronato, ni explicó su voto negativo al informe aprobado. En su comparecencia en las Juntas Generales, incidió en que dicho informe es 'facultativo' pero 'no vinculante', en sintonía con lo afirmado por los promotores del chalet y el consistorio de Arteaga (gobernado por el PNV), que anteriormente realizó otro informe que consideraba subsanables los cambios en el proyecto. La diputada recordó que el expediente abierto 'sigue abierto' y advirtió que la potestad sancionadora en la reserva corresponde al Ejecutivo vasco.

Aseguró que el Ayuntamiento de Arteaga, que no acepta por ahora el informe del Gobierno y ha pedido un nuevo dictamen jurídico, 'deberá proseguir con el expediente de legalización de las obras'. 'Ni el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Vizcaya ni las Juntas Generales están facultados para exigir al Ayuntamiento de Gauteguiz de Arteaga la adopción de actuaciones en materia de competencia municipal', agregó Solabarrieta.

La oposición, salvo el PSE que no realizó ningún comentario, criticó la postura foral. Arturo Aldecoa (PP) aludió a un artículo de la ley de Urdaibai que habla de la potestad de la Diputación para 'ejercer la inspección' y acusó a Solabarrieta de 'confundir la competencia con la responsabilidad de cada administración en velar por la ley y dar ejemplo al ciudadano'. 'Lo que no puede es no hacer nada', puntualizó tras considerar que desde la Diputación se intenta 'enfriar una patata caliente'. Julen Aginako, de Batasuna, señaló que no se ha acometido una rehabilitación sino que el inmueble de Arzanza 'es una casa nueva'. 'Del tercer piso para abajo se vació', señaló Aginako, quien instó al Gobierno vasco y al PNV a adoptar medidas urgentes. Añadió que el 'expediente está abierto y el chalet finalizado', recordó que la vivienda es 'trifamiliar' y valoró que se ha permitido 'porque es Ardanza'.

Irene Pardo (PNV) afirmó que el expediente urbanístico 'está abierto y sin finalizar', mientras que Eugenio Iriondo (EA), cuyo partido está al frente del departamento del Gobierno, Medio Ambiente, que ha certificado la ilegalidad del chalet, acusó al PP de 'hacer más caso a artículos interesados de prensa interesada' que a la diputada foral.