El fiscal se opone a que la Audiencia Nacional juzgue el fraude de las gasolineras

El fiscal, la abogacía del Estado y la OCU han mostrado su oposición a que el denominado fraude de las gasolineras sea juzgado en la Audiencia Nacional en vez de en la Audiencia Provincial de Madrid, donde ayer se celebró una vista por esta cuestión de competencia. Las defensas de los 39 acusados de estafar cerca de 33 millones de euros (5.500 millones de pesetas) en este presunto fraude defendieron ante la Sala la declinatoria de jurisdicción.

Fuentes jurídicas informaron de que durante la vista celebrada ante la Sección Tercera de la Audiencia de Madrid todas las defensas menos una, la ejercida por el ex magistrado Carlos Bueren, justificaron la competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar este caso basándose en la multiplicidad de perjudicados -pertenecientes a diferentes regiones-, y en el hecho de que el presunto fraude fue cometido en estaciones de tres provincias (Madrid, Toledo y Albacete). Por su parte, las acusaciones se opusieron al considerar que el fraude debe circunscribirse a Madrid y que la intención de las defensas es dilatar el proceso.

Los hechos, presuntamente cometidos en diversas estaciones de servicio entre 1988 y 1997, fueron instruidos por el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, que ya se planteó la posibilidad de trasladar el sumario a la Audiencia Nacional.

Finalmente, el juez dictó auto de juicio oral e impuso una fianza de más de 30 millones de euros a 16 gasolineras imputadas en el fraude.

Manipulación de surtidores

Por su parte, la Fiscalía de Madrid solicitó en su informe de calificación provisional un total de 261 años de prisión para los 39 acusados del fraude, presuntamente cometido mediante la manipulación de los surtidores para que distribuyeran a los consumidores menos gasolina de la indicada en las pantallas de servicio.

A juicio del fiscal, los procesados son responsables de un delito de estafa y de otro relativo al mercado y a los consumidores. Por ello solicita una condena de 9 años de prisión para cada uno de los 18 responsables de estaciones de servicio, y 4 años y 9 meses de cárcel para los 21 acusados restantes, encargados del mantenimiento de las gasolineras.