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Los socialistas apelan al fallo del TC para pedir que los directivos de empresas públicas vayan a las Cortes

El Grupo Socialista de las Cortes Valencianas tramitará en los próximos días una serie de peticiones de comparecencia de responsables de empresas públicas o semipúblicas valencianas para que expliquen su gestión y la situación económica de las mismas. Hasta ahora esto era imposible, puesto que la Mesa de las Cortes denegaba sistemáticamente tal pretensión. Pero el pasado miércoles el Tribunal Constitucional notificó una sentencia en la que falla en contra de la denegación en 1997 por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados de la comparecencia en el Parlamento del entonces presidente de Telefónica, Juan Villalonga. Los socialistas valencianos entienden que el fallo del alto tribunal abre la puerta a su pretensión de controlar en las Cortes a las empresas públicas valencianas.

El portavoz del Grupo Socialista-Progressistes, Joaquim Puig, explicó ayer que pedirán de inmediato la comparecencia de los máximos responsables de las principales empresas y organismos dependientes de la Generalitat, como el Instituto Valenciano de Finanzas, el Instituto Valenciano de la Exportación, la Sociedad Parque Temático de Alicante o la empresa Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat. Los socialistas pretenden preguntar a los directivos de esas empresas cuestiones que ahora escapan al control parlamentario, entre otras, 'cosas elementales' como la situación financiera, el estado de sus cuentas y su nivel de endeudamiento, su política de contratación y los sueldos que perciben sus altos cargos.

Con estas comparecencias los socialistas pretenden conocer 'el lado oscuro de la Generalitat', en palabras de Puig. 'Una gran parte del presupuesto de la Generalitat, la más opaca, está realizándose a través de empresas', dijo el portavoz socialista, quien añadió que si el PP no acepta estas comparecencias 'quedará claro que tienen cosas que ocultar' y que en ese caso recurrirán al Tribunal Superior de Justicia valenciano.

También el grupo de Esquerra Unida ha anunciado su intención de aprovechar la sentencia del Constitucional para pedir en las Cortes una serie de comparecencias de directivos de empresas públicas.

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