Medio Ambiente paraliza sendas obras en Marbella y en Benahavís

La Consejería de Medio Ambiente ordenó ayer la paralización de dos obras y la apertura de sendos expedientes sancionadores en los términos municipales de Marbella y Benahavís al detectar que realizaban de forma irregular.

Las obras paralizadas en Marbella corresponden a la ampliación del centro comercial La Cañada, que se encuentran ya en un estado muy avanzado. El proyecto cuenta con la preceptiva licencia municipal del Ayuntamiento gobernado por el Grupo Independiente Liberal (GIL), expedida el 30 de marzo de 2001. Sin embargo, en la tramitación de la misma el consistorio obvió algunos trámites preceptivos como la solicitud de un informe de impacto ambiental y la apertura de un período de información pública durante el que podrían haberse presentado alegaciones.

Las obras se realizan sobre una parcela de 20.000 metros cuadrados, aunque la superficie construida contemplada en el proyecto se eleva hasta 70.000 metros cuadrados.

Se da la circunstancia además de que la ampliación del centro comercial tampoco contaba con informe alguno de la Comisión Asesora de Comercio Interior de Andalucía, organismo que debe autorizar este tipo de actuaciones. La Consejería de Medio Ambiente entiende que este hecho puede suponer también una infracción 'muy grave' de la legislación sobre comercio, por lo que ha informado a la Consejería de Economía y Hacienda para que tome las medidas sancionadoras que estime oportunas. También ha dado traslado a la Consejería de Obras Públicas. Sólo la infracción de Medio Ambiente puede suponer una multa de entre 6.010 y 60.101 euros.

Terrenos forestales

En Benahavís, la orden de paralización afectan a unas obras de urbanización en los parajes Caserías del Esperonal y Marinas de Benahavís, donde la Junta ha detectado infracciones contra las leyes Forestal, puesto que se han realizado roturaciones en terrenos forestales sin autorización, y Protección Ambiental, por la apertura de caminos sin cumplir los preceptivos procedimientos de prevención.

La actuación en los mencionados parajes consiste en la construcción de una urbanización sobre una superficie superior a 1,8 millones de metros cuadrados . Los inspectores de la Consejería de Medio Ambiente han constatado el inicio de obras de infraestructura para la urbanización como la apertura de red viaria o de conducciones de luz, agua y saneamiento.

Los terrenos, que están atravesados por varias vías pecuarias, están además calificados de no urbanizables en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, por lo que la Consejería de Obras Públicas podría abrir otro expediente de infracción.

La infracción contra la Ley de Protección Ambiental es sancionable con multa de entre 6.010 y 60.101 euros, y la que afecta a la Ley Forestal entre 601 y 6.010 euros.