Las compañías de móviles denuncian que el IAE multiplica por 12 su fiscalidad

Las compañías de telecomunicaciones y, en particular las de telefonía móvil, se han puesto en pie de guerra contra la revisión del impuesto sobre actividades económicas (IAE) anunciada el martes por Hacienda. Estiman que esa revisión supondrá que cada operadora pague a los ayuntamientos 1,7 euros por cada abonado (32,2 millones de usuarios en total), lo que supone multiplicar por doce la actual carga impositiva por este concepto.

La patronal Aniel, que agrupa a todas las empresas del sector de telecomunicaciones, advirtió que estas medidas pueden obligar a las compañías a trasladar ese incremento a los precios finales que pagan los clientes y, en particular, a los de prepago. Las compañías se quejan además de que ese aumento impositivo, que Hacienda califica de 'actualización moderada', no va acompañado de ningún compromiso por los ayuntamientos para solucionar los problemas de instalación de antenas.

Quejas de los ayuntamientos

En cuanto a la reclamación de los ayuntamientos para que el Gobierno central les compense por la supresión del IAE, ayer el Ministerio de Hacienda les dio garantías al respecto. Su titular, Cristóbal Montoro, les garantizó ayer en Barcelona que no perderán recursos, aunque la cantidad que saldrá de los Presupuestos del Estado está por negociar. La estimación inicial alcanza los 540 millones de euros, que se incluirían como un crédito ampliable con cargo al fondo de contingencia de 2.290 millones que figura en los Presupuestos de 2003. Tras su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, el secretario general de Política Territorial, Antonio Beteta, garantizó a los ayuntamientos que no tendrán que subir impuestos para seguir liquidando sus presupuestos con superávit. 'El Ayuntamiento de Barcelona podrá seguir con la presión fiscal más alta que el de Madrid', dijo Beteta, para expresar que los ayuntamientos podrán hacer sus cuentas como antes.

Beteta explicó que las corporaciones locales contarán con un periodo transitorio de tres meses, hasta el 1 de abril de 2003, para poder adaptar sus ordenanzas al nuevo modelo de financiación local, que entrará en vigor el 1 de enero del próximo año.