El baile de la expropiación

Había, en 1995, una discoteca, de las de toda la vida y encasillada entre las calificadas como de moda, al menos, para un determinado colectivo. La discoteca se encontraba en una de esas calles de Castellón que, en lugar de ser una línea recta, es una sucesión de eses sin sentido. La discoteca provocaba molestias entre los vecinos de la calle de Méndez Núñez. Muchas molestias. Al fin, la discoteca se cerró. Y, posteriormente, el dueño del local vendió el inmueble a una sociedad que ha programado la construcción de viviendas, que serán alineadas de manera que la calle obtenga un trazado lógico.

Según denunció ayer el portavoz adjunto del grupo socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Miguel Alcalde, ahora, el primer edil, José Luis Gimeno, pretende pagar más de 100.000 euros (más 17 millones de pesetas) al propietario de aquella discoteca en concepto de expropiación por una actividad que cesó hace siete años y pese a que el edificio tiene otro titular. A este enrevesado planteamiento hay que añadir un dato. Y es que el dueño del local en el que bailaban entonces los jóvenes de la capital de La Plana, es el ex alcalde de Benicàssim, Alejandro García, que figuró en la lista del PP como número uno, el mismo puesto que ocupaba y ocupa José Luis Gimeno en Castellón.

El dueño del local vendió el inmueble a una sociedad que ha programado viviendas

'El Ayuntamiento se hace cargo de unos gastos que no le corresponde pagar'

El pasado mes de abril la empresa titular del inmueble presentó en el Ayuntamiento una solicitud de derribo para la posterior construcción de una serie de viviendas. Al igual que el resto de las constructoras, la empresa había de cumplir el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, que contempla la alineación de la calle, por lo que algunos inmuebles han de ser retranqueados, entre ellos, el que antiguamente fue ocupado por la discoteca, tal como contemplaba el propio proyecto de la sociedad. De esta manera, era la misma empresa la que asumía el coste de la alineación de la calle, pese a que con ello perdiera unos metros de fachada.

Sin embargo, poco después, en el mes de junio, el Ayuntamiento inició el expediente de expropiación, entre otros, de este inmueble, con lo que hacía suyos los costes del valor del suelo y de las actividades a las que influyera la alineación del vial. Una acción ésta insólita, ya que el Ayuntamiento 'se hacía cargo de unos gastos de expropiación que no le corresponde pagar', denunció ayer Alcalde. El PSPV encontró la clave en 'otros derechos', un apartado incluido en el dictamen de expropiación que hace referencia a la discoteca de Alejandro García, al que se quiere indemnizar por una actividad que hace siete años que no se ejerce.

El PP justificó la deuda de estos más de 100.000 euros en la existencia de un convenio que José Luis Gimeno y el propio Alejandro García firmaron en 1995, sin aval de funcionario público alguno. Este documento obligaba al segundo al cierre de la 'sala de baile', mientras que el primero se comprometía a 'dar las órdenes oportunas a los servicios técnicos' para que se otorgara una indemnización por el traslado de la actividad y el lucro cesante de la discoteca 'dentro de los trámites expropiatorios', proceso que ha iniciado el PP, pese a que iba a ser asumido por la empresa, lo que hubiera impedido el cobro de los más de 100.000 euros.

Miguel Alcalde apuntó ayer: 'Creemos que la maniobra no es más que el reparto de dinero público entre distintas personas del PP'. Y calificó de 'expropiación innecesaria que no se ajusta a la ley' el procedimiento iniciado por el equipo de gobierno popular para pagar dicha cantidad al ex alcalde de Benicàssim.