El juez envía a prisión a cinco de los detenidos en los disturbios de Cáceres
Críticas a la Subdelegación del Gobierno por la inhibición de la policía nacional
Cinco de los seis jóvenes detenidos en la madrugada del pasado domingo en Cáceres, tras los incidentes por la protesta contra el horario de cierre de los bares, han ingresado en prisión por orden del titular del Juzgado número 3 acusados de desórdenes públicos y agresión a la autoridad. El sexto, menor de edad, quedó en libertad. El delegado del Gobierno en Extremadura, Óscar Baselga, confirmó ayer el envío a la ciudad de una unidad de policía antidisturbios.
El sindicato CSI-CSIF ha criticado a la Subdelegación del Gobierno por permitir que la policía local se embarque 'en un conflicto tan grave' sin medios suficientes. La indignación se percibía ayer en las calles de Cáceres por un conflicto que se repite al cabo de 11 años. El balance resulta desolador: cuatro policías heridos, siete jóvenes detenidos, un vehículo destruido por el fuego, mobiliario urbano destrozado... La historia se repite.
Como hace más de una década, las Administraciones local, regional y estatal, que durante años se mostraron permisivas con la zona de la movida y cerraron los ojos antes la anarquía de horarios, deciden de pronto actuar con dureza y exigir el estricto cumplimiento de la normativa. Y la decisión vuelve a provocar disturbios callejeros.
Los incidentes comenzaron el jueves cuando a las tres de la madrugada, tras el cierre de los bares, un centenar de jóvenes la emprendió a golpes con el mobiliario urbano e intentó forzar, además, la puerta del edificio de Correos. Un policía resultó herido. Pasadas 48 horas, los incidentes se repitieron con mayor gravedad. En una concentración de más de 3.000 jóvenes, un grupo prendió fuego a un vehículo y hubo lanzamiento de piedras y botellas contra los agentes de la policía local. Tres sufrieron heridas y seis alborotadores fueron detenidos. Luego, el caos se apoderó de la ciudad.
El sindicato CSI-CSIF, el más representativo del colectivo de la policía local de Cáceres, criticó ayer a la Subdelegación del Gobierno por no tomar las medidas oportunas durante el pasado fin de semana, cuando 48 horas antes se habían producido los primeros incidentes.
El sindicato asegura que el pasado sábado tan sólo había en la calle dos furgonetas de la policía nacional y un vehículo camuflado. El orden público quedó en manos de la policía municipal, 'cuando es una función propia de la policía nacional'. El sindicato opina que la policía local tuvo que afrontar los incidentes 'sin contar con los medios materiales necesarios'. Tuvo que soportar, sin cascos ni escudos, la lluvia de piedras y botellas con que fue recibida.
El delegado del Gobierno en Extremadura, Óscar Baselga, ha confirmado que el próximo jueves se desplazará a Cáceres una unidad antidisturbios. Baselga calificó ayer lo sucedido como 'incidentes aislados' y 'una actuación aislada' de un grupo violento. 'Espero que la actuación de la justicia sea contundente', añadió, 'igual que lo van a ser las fuerzas de seguridad para garantizar el descanso de los vecinos de Cáceres'.
Los propietarios de los bares ubicados en la Plaza Mayor , calle de Pizarro y La Madrila, las tres zonas donde se concentra la movida cacereña, niegan estar tras los incidentes. Replican así al concejal de Seguridad Ciudadana, Teodoro Casado, quien aseguró que los sucesos habían sido alentados por un grupo de hosteleros.
El próximo día 12 se cumplen 11 años de los graves incidentes originados por el mismo motivo que ahora, protestas por el cierre de los bares a la hora que establece la normativa (entre 2.30 y 4.30, según las características del local). Hasta hace sólo unas semanas, permanecían abiertos a las 8.00 de la mañana.
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