Oscuridad informativa

La dificultad para conocer el número de becas de estudios concedidas en el actual curso escolar, entre otros muchos ejemplos, podría ilustrar la progresiva resistencia de este Gobierno a facilitar información de interés para los españoles. Se trate de política de becas, de listas de espera sanitarias, de estadísticas de delincuencia o de datos presupuestarios sobre el déficit público, cada vez hay más dificultades para que los ciudadanos se formen una opinión exacta sobre la gestión del Gobierno en aspectos que inciden muy directamente en su vida y bienestar. El derecho a una información veraz no puede ser obstaculizado desde la Administración. Su deber institucional es garantizarlo. Si la transparencia en el ámbito de lo público es uno de los rasgos básicos de los sistemas democráticos, el Gobierno está acumulando en este terreno un déficit preocupante.

Está en los usos políticos admisibles que los gobernantes embellezcan sus decisiones y tiendan a utilizar la información producida en el ámbito del poder de la forma más favorable a sus intereses. Pero es inadmisible que la manipulen a su antojo o que la sustraigan al conocimiento público. La Administración del PP se está comportando, a la chita callando y de manera disimulada, como si la información que genera en los más variados sectores fuera de su exclusiva propiedad.

Ya no se trata de utilizar los trabajos del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) o del INE (Instituto Nacional de Estadística) de manera ventajista, algo que desgraciadamente también han hecho gobiernos anteriores, sino de retener y ocultar información que afecta muy directamente a todos y que no es propiedad de ningún departamento ministerial ni de sus gabinetes de prensa. El desparpajo del Gobierno en este terreno ha llegado incluso a suprimir fuentes que no le convienen, como hizo en 1997 con la suspensión durante dos meses del boletín del Registro Central de Personal de la Administración para ocultar un aumento de altos funcionarios que contradecía su proclamada política de austeridad, o, últimamente, dejando de publicar el boletín estadístico de vivienda del Ministerio de Fomento.

Las democracias modernas se han venido configurando como regímenes de opinión pública, cuyo buen funcionamento exige ciudadanos bien informados sobre los asuntos públicos, que eligen con el mayor conocimiento posible a sus gobernantes y a quienes les representan en las instituciones. Cuando los gobernantes ciegan las fuentes de información y los medios de comunicación tienen dificultades para trasladarla al tejido social, el sistema democrático renquea y funciona malamente.