Patrimonio convoca un nuevo concurso para intentar reabrir el hipódromo
Los adjudicatarios podrán organizar apuestas en colaboración con otros recintos hípicos
El hipódromo de la Zarzuela -que lleva seis años sin celebrar carreras de caballos porque la empresa que lo gestionaba (Sociedad Hipódromo de la Zarzuela) suspendió pagos en 1996- intentará emprender en breve una nueva andadura. Patrimonio Nacional, propietario del recinto, aprobará el próximo día 15 un nuevo pliego de condiciones para adjudicar otra vez (la segunda en dos años) la gestión de estas instalaciones a una sociedad privada.
En otoño de 2001 tuvo que anular un concurso semejante -que ganó Equalia, una sociedad liderada por Antena 3- porque Patrimonio no se había dado cuenta de que las apuestas seguían en manos de Sociedad Hipódromo de la Zarzuela hasta 2014, y Equalia no podía hacerse cargo de un recinto que sin apuestas no era rentable.
Por eso, ahora ha modificado la ley para arrebatarle las apuestas a la Sociedad Hipódromo de la Zarzuela -propiedad del empresario Enrique Sarasola- y poder sacar de nuevo a concurso el recinto.
El nuevo proceso cederá la explotación de las instalaciones durante 25 años a los adjudicatarios. En una primera fase sólo se podrán realizar apuestas interiores -las que se juegan dentro del hipódromo y son competencia de la Comunidad-, aunque también está previsto que se permitan las exteriores en combinación con otros recintos.
El camino para la reapertura del hipódromo está lleno de obstáculos, porque el grupo que gane el concurso deberá invertir 9 millones de euros en rehabilitar las instalaciones -al menos tres millones el primer año- y negociar posteriormente la organización de las apuestas con otros recintos. De momento, las únicas que están legisladas son las que dependen del Gobierno regional.
Según han manifestado fuentes de la Comunidad de Madrid, el decreto 148/2002, de 29 de agosto, sólo autoriza la puesta en marcha de apuestas interiores, es decir, las propias de la Zarzuela. Pero el Gobierno regional tiene en mente autorizar apuestas combinadas con otros hipódromos nacionales y extranjeros, siempre y cuando los nuevos adjudicatarios lleguen a acuerdos con estos centros hípicos.
Pero en cambio no habrá vía libre para los cafés-carrera. El citado decreto es muy claro: 'Hasta que no se dicten los requisitos que deberán reunir los locales de apuestas situados fuera del hipódromo [los cafés-carrera], no se podrán conceder autorizaciones para la organización y la comercialización de las apuestas hípicas externas'.
'Lo más rápido posible'
Ginés López, director regional del Juego, asegura: 'A nosotros nos pidió Patrimonio que trabajáramos lo más rápido posible, y así lo hemos hecho. Ya tenemos un decreto. En él no contemplamos, de momento, la posibilidad de que existan cafés-carrera, aunque en el futuro se podría trabajar en este sentido'.
La sociedad que explote el hipódromo no podrá tampoco gestionar las apuestas nacionales (quinielas hípicas), que todavía están pendientes de ser legisladas por el Estado.
Con la convocatoria de este nuevo concurso, cuyo fallo está previsto para el mes de febrero, se satisface la petición realizada por los profesionales y propietarios de caballos, que desde hace seis años vienen reclamando la reapertura de la Zarzuela.
El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional declaró en diciembre de 2001 oficialmente 'desierto' el concurso para la adjudicación de la gestión del hipódromo, y no 'nulo', a pesar de que el ganador -el grupo Equalia- había renunciado al descubrir que no podía gestionar las apuestas.
Las matizaciones introducidas por Patrimonio suponían el reconocimiento de que en las primeras bases cometió un error: sacó a concurso derechos sobre apuestas que no tenía. 'Es la fórmula legal necesaria para poder convocar a continuación un concurso nuevo', explicó en octubre de 2001 un portavoz de Patrimonio Nacional, quien además añadió: 'Se acometerán las reformas legales necesarias para resolver los problemas sobre la titularidad de la apuesta hípica, siempre de acuerdo con el modelo que dicte el organismo de Loterías y Apuestas del Estado (LAE)'.
El Senado aprobó semanas después, a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, la derogación de los tres reales decretos que habían regulado hasta ese momento el juego y la gestión del hipódromo. Esos decretos, que datan de junio de 1957, julio de 1982 y mayo de 1984, se refieren al pago de la renta y conservación del hipódromo y establecen la manera de gestión (separación de la explotación de las instalaciones de la titularidad de la apuesta).
La decadencia del hipódromo comenzó el 30 de junio de 1992, cuando el empresario Enrique Sarasola firmó dos contratos por los que se hizo con la explotación y las apuestas de la Zarzuela hasta 2014. Cuatro años más tarde, en 1996, la Sociedad Hipódromo de la Zarzuela, propiedad de Sarasola, suspendió pagos. Se inició a continuación una contienda en los tribunales entre Patrimonio Nacional y la sociedad.
En 1999, Patrimonio obtuvo sentencias favorables de la Audiencia de Madrid que decretaron el desahucio contra esta empresa por el impago del impuesto de bienes inmuebles (IBI). En 2000, Sarasola salió del hipódromo y Patrimonio convocó un concurso para la adjudicación de la explotación. El fallo se produjo en marzo de 2001.
En mayo pasado se revocó la resolución, y en octubre, tras un dictamen del Consejo de Estado, se decretó la anulación del concurso y se acordó convocar otro. En diciembre, el Senado derogó tres decretos para desvincular la gestión del hipódromo del juego. Ahora se vuelve a convocar el concurso.
Un pasivo de 6.500 millones
La anterior gestión del Hipódromo de Madrid ha dejado como herencia un pasivo de 39 millones de euros (unos 6.500 millones de pesetas) y un buen número de familias sin trabajo, así como la paralización de una industria, la cría caballar, rentable.
La gestión de su anterior adjudicatario, Enrique Sarasola, estuvo marcada por la polémica y los destrozos, hasta el punto de que Patrimonio Nacional instó a la justicia para desalojarlo, y lo consiguió. Todo ello después de que la Fiscalía de Medio Ambiente abriera diligencias por los destrozos causados en la instalación. Entre otros, la tala indiscriminada de árboles protegidos. Patrimonio Nacional ha tenido que destinar 456.000 euros (76 millones de pesetas) para reparar los daños más graves sufridos en el hipódromo.
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