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Castigada una gravera con la mayor multa puesta hasta hoy por infracción ecológica

La consejería impone la mayor sanción y obliga a la empresa a restablecer el ecosistema

La Consejería de Medio Ambiente ha multado con 740.636 euros a la empresa Aladueña y Peñalver, SA, dedicada a la extracción de áridos, por actuar de manera ilegal en la finca La Heredad, en Daganzo. La sanción, que fue ratificada ayer por el Consejo de Gobierno, es la mayor impuesta por la Comunidad. Los infractores pagarán 600.000 euros en concepto de multa, 140.636 como indemnización por daños y perjuicios y, además, están obligados a reparar los daños causados en la zona, que pueden establecerse en unos 120.000 euros. La Heredad está en una zona declarada por la UE de especial protección para las aves.

La Heredad, la finca en la que desde abril de 2000 la empresa Aladueña y Peñalver venía realizando tareas de extracción de áridos, se encuentra en una zona de alto valor ecológico, junto al río Torote. Está situada en una de las siete Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPA) existentes en la región.

En este espacio, utilizado como gravera, hay aves de gran valor como avutardas, aguiluchos pálidos, aguiluchos cenizos, aguiluchos laguneros, sisones y cigüeñas blancas. La actividad ilegal de esta empresa de áridos ha puesto en peligro esta colonia de aves, que ha sufrido, además de la degradación de la zona, las molestias causadas por las máquinas y los camiones. Las arenas que extraía la empresa Aladueña y Peñalver se utilizaban para la realización de obras en la zona este de la Comunidad.

El expediente abierto a esta empresa de áridos se inició en abril de 2000, cuando, a pesar de no contar con una declaración de Impacto Ambiental, comenzó a desarrollar su actividad. Tras continuos requerimientos para que cesase en su actividad, la Consejería de Medio Ambiente dictó la medida provisional de suspensión de las actividades de la empresa, acuerdo que le fue notificado el 10 de abril de 2002.

A pesar de la orden de cese de actividad ordenada por Medio Ambiente, la empresa siguió trabajando en La Heredad, como comprobaron 13 días después los agentes medioambientales. Alertado el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, éste confirmó que en la gravera había actividad. Ante esta situación de desobediencia, el 14 de junio pasado, la Consejería de Medio Ambiente notificó a la empresa el preceptivo apercibimiento previo al cierre, a la vez que se le recordaba que la medida era de 'inmediato cumplimiento'. De manera paralela se abría un expediente sancionador contra la empresa.

El pasado 3 de julio, la gravera fue precintada y ayer el Gobierno regional decidió castigar esta conducta con la multa medioambiental de mayor cuantía impuesta hasta ahora por el Ejecutivo que preside Alberto Ruiz-Gallardón.

'Quien daña, paga'

Antonio Lucio, director general de Promoción y Disciplina Ambiental, explicó ayer que la sanción impuesta a esta empresa se hace en tres conceptos: 'La empresa pagará 600.000 euros como multa, 140.636 euros de indemnización por daños y perjuicios, y, además, deberá reparar todos los daños causados en la zona'.

Para poder evaluar el costo y la manera de realizar estas tareas de rehabilitación, Medio Ambiente ha dictado unas normas. 'Tienen dos meses para presentar ante la consejería', explica Lucio, 'un plan para recuperar la zona dañada que nosotros tendremos que aprobar. Si la empresa no actúa, ejerceremos todas las acciones necesarias, realizaremos los trabajos y subsidiariamente les haremos responsables de su reparación. Con esta sanción, lo que queda claro es que quien no cumple la ley y quien causa daño, lo paga'. Lucio precisa que, además esta empresa actuaba con 'dolo', al carecer también de autorización para realizar la actividad minera.

La sanción impuesta a esta empresa de áridos se adopta en virtud de la ley de 6 de julio de 2001, la que estaba en vigor cuando se inició el expediente contra la gravera. La Heredad, situada en el término municipal de Daganzo, tiene una superficie de 10,40 hectáreas de terreno seco. Por los daños causados, los expertos consideran que a la multa de 740.636 euros, la empresa deberá sumar alrededor de 120.000 euros por los trabajos de recuperación.

Hasta ayer, una multa impuesta a Renfe, en marzo pasado de 700.000 euros, era la mayor dictada por la Consejería de Medio Ambiente, al frente de la cual está Pedro Calvo Poch. Entonces se consideró a Renfe responsable de un incendio que el 20 de julio de 2000 arrasó 389 hectáreas de monte a lo largo de la vía férrea Madrid-Irún. La sanción se fundamentó en que el fuego fue causado por las chispas que despedía a su paso una locomotora de Talgo.

Renfe siempre negó su responsabilidad y tiene planteado un recurso contra la sanción ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid La compañía continúa manteniendo que los siete focos de fuego que se detectaron entre Valdelatas, a la salida de Madrid, y Braojos, a 80 kilómetros de la capital, todos ellos a lo largo de la línea Madrid-Irún, no fueron provocados por una chispa procedente del tren Talgo que realizaba ese recorrido.

A la espera de que concluya el proceso, el Tribunal Superior ha obligado ya a la compañía ferroviaria a ingresar en las arcas de la Consejería de Hacienda el montante de la multa. Además de la multa, la sanción impuesta por Medio Ambiente también obliga a Renfe a elaborar un plan para reforestar las 389 hectáreas que arrasó el fuego el verano de año 2000.

Un matadero y 1.000 casas paradas

El Consejo de Gobierno aprobó ayer la modificación de las normas subsidiarias de Moralzarzal. Siguiendo la recomendación de los técnicos del área de Medio Ambiente, prohibió la petición de este municipio de convertir en suelo urbanizable 33 hectáreas. En este terreno, situado en el lugar conocido como Los Praderones, se pretendía construir alrededor de mil viviendas. La razón de la denegación de permiso es que a juicio de la consejería se iba a producir un grave daño medioambiental en la zona. Por otro lado, un juzgado de lo contencioso administrativo ha fallado a favor del cese de actividades del matadero de la empresa Ganados y Productos Industriales, SA (Gypisa), denunciado desde diferentes instancias por presuntas irregularidades en su funcionamiento.El fallo ordena la paralización de actividades de estabulación de ganado, matanza y despiece que la empresa Gypisa desarrolla de forma supuestamente irregular en el matadero de su propiedad, situado en el barrio de la Estación de Pozuelo, comunicaron fuentes municipales.'Con esta sentencia, el juzgado da la razón al Ayuntamiento que decretó hace tiempo el cese de actividades después de los informes elaborados por los servicios técnicos municipales favorables a esta medida', explican desde el Consistorio.Las quejas por olores desagradables, desperdicios de todo tipo tirados por las calles, restos de vísceras depositados en las alcantarillas o la permanencia durante días enteros de los animales en los camiones de transporte hasta que pasaban a las instalaciones del matadero han sido denuncias constantes de los vecinos.Denuncias que fueron recogidas en su momento por el grupo municipal del PSOE cuya portavoz, Esther Sánchez, dio la voz de alarma y expuso los hechos ante Medio Ambiente, que inició una investigación sobre el matadero. Tras años de batalla, los tribunales han terminado por dar la razón a los denunciantes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de octubre de 2002

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