Ruiz-Gallardón pide a Aznar que exima de IRPF a las indemnizaciones a los presos del franquismo

El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer en el pleno de la Asamblea que solicitará 'formalmente al Gobierno central que se rectifique la ley para que las personas que lucharon por la libertad no tengan retenciones en sus indemnizaciones' por haber estado presos durante el franquismo. Además, defendió la presunción de inocencia para los implicados en el caso funeraria, igual que -recordó- había hecho en su momento con cargos del PSOE implicados en procesos judiciales. El pleno rechazó la propuesta socialista de que el Museo del Ejército se quede en Madrid.

El presidente de la Cámara, Jesús Pedroche, del PP, permitió que tanto Fernando Marín (IU), que había preguntado por las retenciones que Hacienda aplica sobre las indemnizaciones a los ex presos franquistas, como el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, utilizaran el tiempo de forma más que generosa.

Habló Marín de la situación de los luchadores contra la dictadura. Recordó las iniciativas parlamentarias. La necesidad de darles un reconocimiento moral que todavía se les debía y, sobre todo, que no se les humillara quitándoles una parte del escaso 'reconocimiento económico' que se había otorgado a unas 2.000 personas. Recordó Marín que la anterior ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, la de 1991, excluía de los impuestos este tipo de percepciones, y casi, en tono amistoso, se dirigió a Ruiz-Gallardón: 'No entiendo cómo se les puede privar de esas cantidades. Es un escarnio. Y estoy seguro de que usted tampoco lo entiende, señor presidente'.

Sí lo entendía el presidente. Y admitió que fue un 'error' de todos los grupos políticos no haber tenido en cuenta las retenciones de Hacienda. Y recordó en tono conciliador al diputado de IU que nadie -ni siquiera IU- en el proceso parlamentario de la ley del IRPF de 1998 había introducido enmienda alguna para rectificar la ley, de tal manera que esas indemnizaciones siguieran exentas.

Sufrir por la libertad

Hizo luego el presidente regional un canto a quienes 'sufrieron por la libertad'; recordó, emocionado, que él mismo era hijo de un hombre que había sufrido prisión por defender sus ideas y 'por eso', añadió, 'me ha conmovido usted. Sé lo que vale la libertad'. Y prometió: 'Vamos a solicitar al Gobierno que se rectifique la ley del IRPF del 98 para que esas personas no tengan esas retenciones. Y creo que lo conseguiremos'. Eso indica que Ruiz-Gallardón cuenta ya con el beneplácito de José María Aznar.

La historia de los ex presos madrileños del franquismo arranca en 1999. Cuando el Gobierno regional aprobó una partida presupuestaria para quienes habían pasado más de tres años en prisión. En el año 2000 el requisito se bajó a un mínimo de un año. Se destinaron 600.000 euros, que se demostraron insuficientes. Tras distintas iniciativas parlamentaria de IU y del PSOE, el Gobierno regional fijó una cantidad de seis millones. Las cantidades a percibir por los represaliados del franquismo iban desde los 1.202 euros, para quienes habían pasado un año en prisión, hasta los 5.409, para quienes sufrieron cárcel más de 30 meses.

Hacienda ha comunicado que, al no estar recogido en la ley del IRPF de 1998 que estas cantidades están exentas de cotización, les aplicaría una retención del 18%, lo que ya se ha hecho.

Ruiz-Gallardón también se mostró conciliador en otra cuestión planteada por Cristina Almeida, presidenta del grupo PSOE-Progresistas. Cuando ésta le pidió su valoración ética y política sobre el caso funeraria, él se limitó a señalar que respeta la presunción de inocencia, tanto en casos del PP como del PSOE. Almeida mostró su sorpresa por que el presidente no admitiera las responsabilidades y permitiera que los imputados [dos concejales del Ayuntamiento de Madrid y un parlamentario regio-nal] sigan en sus cargos. 'Su código ético ha dejado de serlo cuando les afecta a ustedes', acusó Almeida. Y Ruiz-Gallardón, en tono mesurado, recordó a la parlamentaria su postura en el caso del que fuera consejero socialista José María Rodríguez Colorado, condenado, dijo, 'por un delito continuado de malversación de fondos públicos'. 'Siguió siendo consejero y yo le apliqué la presunción de inocencia'.