Violencia simbólica sin límites legales

El espectáculo de las últimas semanas con el PP negándose en primer lugar a aceptar legislar sobre la ley contra la violencia hacia las mujeres y quedándose solo en la votación de la ley propuesta por el PSOE, y por otra parte aceptando en apariencia legislar otras propuestas en comisión, aceptación que rápidamente fue negada por el presidente Aznar, nos hace reflexionar sobre la verdadera catadura moral del Ejecutivo frente a las leyes.

Presionando y arrasando con la Ley de Partidos para ocultar lo que no son capaces de resolver como partido de Gobierno, no quieren ni oír hablar de legislar sobre violencia, y a estas alturas no encontramos ninguna razón plausible para entender su posición, si no es que no entienden las causas y no conocen las consecuencias de la violencia contra las mujeres.

La mortalidad por malos tratos hacia las mujeres se ha incrementado en el primer semestre de 2002, sin contar los miles de mujeres que son atendidas por fracturas, heridas de arma blanca o quemaduras en todos los hospitales de España (2.246 lo fueron en los hospitales de Cataluña durante el año 2002), sin contar los centenares de miles que han sufrido y sufren la violencia psicológica y la destrucción sistemática de sus valores y su autoestima.

Obsesionados en su cruzada particular contra la autonomía y la vida en libertad de la diversidad española, disfrazada de lucha contra el terrorismo, se olvidan de otro terrorismo, el de la violencia contra las mujeres, que ha causado más víctimas y que es tolerado por el actual Gobierno. Los planes integrales contra la violencia son muy necesarios, pero se han de prever en los presupuestos del Estado y han de incluir medidas que van desde la atención y rehabilitación física y psíquica de las víctimas, hasta la formación profesional, reinserción laboral, vivienda digna y atención a los hijos. Una limosna de tres meses como nos ha propuesto el señor Zaplana es una vergüenza y una humillación que no resuelve nada, como tampoco lo hizo él mismo en su abandonada autonomía valenciana -en aras del sillón presidencial-, donde la mortalidad y las agresiones han sido máximas en el último verano.

¿Dónde están las raíces de la violencia contra las mujeres? El pensamiento que justifica pegar, destruir, mancillar, violar, anular, poseer y matar a las mujeres que deciden tener alguna opinión propia o algún deseo se remonta a más de 4.000 años, pero no es inherente a los seres humanos, es tan sólo fruto de la sociedad patriarcal y de los Estados que la justifican. La dominación masculina se ha introducido en la mente de los hombres y de algunas mujeres durante siglos, y lo ha hecho, en palabras del malogrado Pierre Bourdieu, por medio de la 'violencia simbólica, violencia suave, insensible e invisible para las mismas víctimas, que es ejercida esencialmente por las vías puramente simbólicas de la comunicación y del conocimiento, o más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en última instancia, del sentimiento'. La violencia simbólica justifica y perpetua la discriminación, la exclusión y la agresión física hacia las mujeres, con la pretensión de que las mujeres son inferiores y deben ser dominadas por el varón, que es de todo punto superior. No es fácil el desarraigo de estas creencias y sentimientos, que se introducen a través de la educación en el mismo seno de las familias, en las escuelas y a través de las instituciones del mismo Estado. Por todo ello, las posiciones claras de toda la sociedad y de sus instituciones en contra de la violencia contra las mujeres son muy importantes.

Las leyes marcan los límites de convivencia con los que se dota una sociedad y obligan a todas las instituciones, gobiernos y organismos locales a luchar contra la violencia de género. Y esta lucha es específica y no se puede englobar en la lucha global contra la violencia y la inseguridad. Los ataques hacia las mujeres no los cometen hombres alcohólicos o violentos cegados por su testosterona ni personas desestructuradas. La mayoría de las agresiones son causadas por hombres normales, incluso algo sumisos ante sus superiores, pero que se sienten con derecho a ejercer la violencia, porque forma parte de su hombría, de su forma de ser. El único común denominador que se ha encontrado en el perfil sociológico de los agresores ha sido que

habían convivido en hogares donde la violencia era la forma de comunicación y de resolución de conflictos.

Si toda la sociedad no planta cara a los agresores con leyes, planes y cambios de actitud de los mismos gobernantes; si no se hacen visibles las acciones, los trabajos, la ciencia realizada por las mujeres, y se las contempla como pares en la organización política de la sociedad, se ejerce también una sutil forma de violencia simbólica que engloba, aunque no seamos conscientes de ello, a toda la sociedad.

Una ley como la propuesta por el PSOE en el Congreso de los Diputados y apoyada por todos los partidos menos el PP no va a resolver todos los problemas, pero ilegaliza de forma contundente y clara todas las agresiones de los hombres contra las mujeres, y su cumplimiento permitiría la creación de redes sociales y locales, en un entramado de soporte, rehabilitación y reinserción social de las víctimas.

Tal como reconoce el excelente informe sobre los malos tratos en España (Fundación La Caixa, 2002) realizado por Inés Alberdi y Natalia Matas, es exigencia unánime de todas las asociaciones de mujeres y de las organizaciones que trabajan con mujeres maltratadas una ley integral contra la violencia de género, que facilitaría la coordinación entre todas las instituciones con competencias en la erradicación de la violencia. Sería una símbolo de la importancia que toda la sociedad da a este problema y podría ser un instrumento de garantía y de aceleración del necesario cambio social. En definitiva, un 'referente orgánico, coherente y obligatorio que sea utilizado por todos los operadores sociales que luchan contra la violencia de género'.

No se puede denostar al terrorismo por un lado y no hacer todos los esfuerzos posibles para erradicar la violencia contra las mujeres por el otro.

habían convivido en hogares donde la violencia era la forma de comunicación y de resolución de conflictos.

Si toda la sociedad no planta cara a los agresores con leyes, planes y cambios de actitud de los mismos gobernantes; si no se hacen visibles las acciones, los trabajos, la ciencia realizada por las mujeres, y se las contempla como pares en la organización política de la sociedad, se ejerce también una sutil forma de violencia simbólica que engloba, aunque no seamos conscientes de ello, a toda la sociedad.

Una ley como la propuesta por el PSOE en el Congreso de los Diputados y apoyada por todos los partidos menos el PP no va a resolver todos los problemas, pero ilegaliza de forma contundente y clara todas las agresiones de los hombres contra las mujeres, y su cumplimiento permitiría la creación de redes sociales y locales, en un entramado de soporte, rehabilitación y reinserción social de las víctimas.

Tal como reconoce el excelente informe sobre los malos tratos en España (Fundación La Caixa, 2002) realizado por Inés Alberdi y Natalia Matas, es exigencia unánime de todas las asociaciones de mujeres y de las organizaciones que trabajan con mujeres maltratadas una ley integral contra la violencia de género, que facilitaría la coordinación entre todas las instituciones con competencias en la erradicación de la violencia. Sería una símbolo de la importancia que toda la sociedad da a este problema y podría ser un instrumento de garantía y de aceleración del necesario cambio social. En definitiva, un 'referente orgánico, coherente y obligatorio que sea utilizado por todos los operadores sociales que luchan contra la violencia de género'.

No se puede denostar al terrorismo por un lado y no hacer todos los esfuerzos posibles para erradicar la violencia contra las mujeres por el otro.

Carme Valls-Llobet es diputada del PSC-Ciutadans pel Canvi

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