La Generalitat utilizó la libre designación en el 90% de convocatorias de 2001 para cubrir plazas de funcionarios

Las promesas del año 1995 quedan muy lejos. Pocos recuerdan que, antes de acceder al poder, el PP prometió controlar el acceso a la función pública en la Administración valenciana, que consideraba sobredimensionada y sometida al 'amiguismo' de los socialistas. Pero los populares olvidaron pronto esa promesa electoral, de manera que desde aquel año el volumen del personal al servicio de la Generalitat no ha hecho más que aumentar. Y además, en muchas ocasiones ese incremento de personal se ha producido gracias a la utilización del dedo. Un ejemplo claro lo constituye el año 2001. Un estudio de las convocatorias para cubrir plazas de funcionarios de la Generalitat que se realizaron en ese ejercicio revela que en el 90% de los casos se utilizó el método de la libre designación y sólo en el 10% restante se recurrió al sistema de concurso de méritos.

La Administración valenciana ha engordado considerablemente desde 1995, a pesar de que en estos años no se han asumido nuevas competencias del Gobierno central que comporten grandes necesidades en ese sentido. Y lo ha hecho en gran medida gracias a la libre designación y a la comisión de servicios, sistemas para cubrir puestos de trabajo de funcionarios que deberían constituir la excepción, pero que el PP ha utilizado con profusión desde que accedió al poder hace siete años.

Así, lejos de acabar con el 'amiguismo' que achacaban a los socialistas, los populares han mantenido y aumentado un sistema que les permite ejercer con comodidad un férreo control de la maquinaria administrativa de la Generalitat. De esta manera, según fuentes sindicales, en la actualidad unas 2.000 personas ocupan puestos en la Generalitat en comisión de servicios. Y eso a pesar de que, según ha manifestado el consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Carlos González Cepeda, en la Administración valenciana hay actualmente 5.438 vacantes.

Una gran parte de las comisiones de servicios datan de los primeros años de Gobierno popular, por lo que han superado con creces el máximo legal previsto para este tipo de provisión de puestos de trabajo, que no pueden extenderse más de dos años y, además, son improrrogables. Muchos de esos trabajadores que se encuentran en situación de comisión de servicios desempeñan funciones directivas, principalmente jefaturas de sección, que el PP no ha cubierto por la vía ordinaria desde que llegó al poder y que han sido adjudicadas de forma arbitraria y sin transparencia. Por tanto, los afortunados perciben, además, elevadas remuneraciones.

Un repaso al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del año 2001 arroja un saldo de 60 convocatorias de oferta de puestos de trabajo en las áreas de la Generalitat que son competencia de la Dirección General de la Función Pública, excluidas las correspondientes a las administraciones educativa, sanitaria y de justicia. Una primera cuestión que llama la atención es que 52 de ellas fueron publicadas en el primer semestre del año y sólo ocho en los últimos seis meses. Mediante esas 60 convocatorias fueron cubiertos 88 puestos de trabajo y sólo en seis de ellas, con otros tantos puestos en liza, se utilizó el concurso de méritos. En las 54 convocatorias restantes, con 82 puestos en juego, se echó mano del sistema de libre designación. Las consejerías que más puestos ofertaron por este sistema fueron Presidencia y Economía y Hacienda, con 22 cada una, seguidas por las de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de Cultura y Educación, con nueve. A continuación figuran las de Sanidad (7), Bienestar Social (5), Obras Públicas (5), Industria y Comercio (2) y Justicia y Administraciones Públicas (1).

Algunas de estas plazas adjudicadas a dedo en el año 2001 pertenecen a servicios importantes de cara a la influencia sobre del sistema administrativo: destacan aquellas áreas sensibles al control presupuestario (cinco interventores y 11 interventores delegados adjuntos), las relacionadas con el seguimiento y la policía administrativa (cuatro puestos en la inspección de servicios que depende de Ana Encabo, esposa del ex consejero Luis Fernando Cartagena), y las que tienen que ver con el aparato de control administrativo (dos secretarías generales administrativas). También llama la atención la creación de muchos puestos que se reservan a funcionarios privilegiados por libre designación, que carecen de estructura administrativa y se ofertan como puestos de trabajo singular.

De esos 82 puestos adjudicados a dedo en el año 2001, 64 corresponden al grupo A (frente a 52 que formaban parte de ese grupo en el año 2000) y sólo 18 a los grupos C y D (13 en 2000). Y de esos 64 puestos del grupo A, 40 tienen complemento de destino de nivel 28 y complemento específico E050, que es el más alto de los posibles en el conjunto de la Administración valenciana, y sólo 24 pertenecen al nivel 26.

Afines

La conclusión de todo ello es que se coloca a los afines, que no a los mejores, en puestos que requieren cualificación y conocimientos técnicos, con el fin de contentarlos y de controlar hasta el último papel de la Administración. Muchos de los beneficiados probablemente no habrían ganado los puestos que ocupan si hubieran tenido que someterse a un sistema de mérito, mediante la correspondiente comisión evaluadora. De hecho, hay funcionarios de la Generalitat que no han superado un solo concurso de méritos en su vida.

Y una consecuencia importante, entre otras muchas, es que se corta la carrera administrativa de los mejores funcionarios por méritos objetivos, que ven cerrado el paso a una mejora de condiciones laborales y salariales, de la que sí se benefician otros que no reúnen las condiciones y logran ascensos gracias al sistema de libre designación.