La Junta propone aumentar el sueldo a sus funcionarios por encima del 3%

La consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín, manifestó ayer la voluntad de su departamento de poner en marcha una 'fórmula de actualización' salarial de los empleados públicos de la administración andaluza, a fin de evitar que pierdan poder adquisitivo, que consistirá en aumentar por encima del 3% las retribuciones básicas del colectivo de funcionarios.

En conferencia de prensa previa a la reunión de la Mesa General de la Función Pública, Carmen Hermosín explicó que esta propuesta, que deberá ser debatida por las organizaciones sindicales y de cara a un próximo encuentro durante el mes de octubre, se dirige a aumentar las retribuciones de los empleados públicos para los años 2003, 2004 y 2005.

La Junta aplicará a los salarios de los funcionarios andaluces el 2%, la previsión de subida del IPC fijada por el Gobierno central, más algo más del 1% -1,8% según las centrales sindicales- para compensar la desviación, de modo que en conjunto, las retribuciones básicas del colectivo aumentarán por encima del tres por ciento.

La consejera dejó claro que el Gobierno andaluz pone en marcha medidas en esta materia de forma que 'el gasto sea asumible' por el presupuesto de la comunidad autónoma. Manifestó su voluntad de pactar con los sindicatos esta fórmula de incremento salarial, aunque advirtió que la Junta se compromete a ello, pero 'con cierto autocontrol' porque no podría asumir una subida descontrolada del IPC en próximos ejercicios.

Además, la consejera avanzó que está prevista la entrada en vigor de la Ley de la Función Pública para el año 2004, fecha para la que propuso una partida adicional en los Presupuestos de la comunidad para hacer frente al gasto que supondrá la puesta en marcha de las medidas que contempla la Ley.

Por su parte, los responsables de las federaciones de servicios públicos de CC OO y UGT en Andalucía, Felipe Falcó y Antonio Tirado, respectivamente, solicitaron que se pacte con las organizaciones la inclusión de una cláusula de revisión salarial, similar a la que existe para los perceptores de pensiones, de forma que se evite así la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos.

Los sindicatos, que desde la pasada primavera pusieron en marcha una campaña de movilizaciones contra la 'parálisis' que, según denunciaban, había dado la Junta a la negociación colectiva de los empleados públicos, mostraron su voluntad de poner fin a estas acciones si por parte del Gobierno andaluz se pacta esta cláusula de revisión salarial.

Empleados públicos

Tanto la Junta como las organizaciones sindicales arremetieron contra la política del Gobierno central en materia de función púlica, y lamentaron que tengan que ser las comunidades autónomas las que deban endeudarse para compensar a los empleados públicos la desviación del IPC, debido a una previsión 'fraudulenta' del IPC, criticó Felipe Falcó.

La Mesa de la Función Pública culminó con el visto bueno de los sindicatos a la propuesta de la Junta, aunque solicitaron una mayor concreción de la fórmula legal a través de la que se incrementarían las retribuciones y el compromiso de estudiarla, hasta que se pueda alcanzar un acuerdo en un próximo encuentro que se celebrará en octubre, una vez avanzados los Presupuestos de la Junta para 2003. Por su parte, Antonio Tirado señaló que su organización exigirá a la Junta mejoras en la propuesta inicial antes de pactar estas medidas.

En Andalucía existen unos 200.000 trabajadores en el sector público, incluyendo la Sanidad y la Enseñanza, mientras que unos 70.000 de ellos dependen directamente de la Junta.