La red de apoyo del encierro se querellará contra la Olavide

Los integrantes de la red de apoyo que actuó en el encierro que durante dos meses mantuvieron más de 400 inmigrantes en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) anunciaron ayer que emprenderán acciones judiciales contra la institución una vez que el titular del Juzgado número 5 de la capital decida si admite o rechaza la denuncia presentada por la UPO el pasado 12 de julio. En esta denuncia, la Olavide acusaba a este colectivo de haber cometido un delito en contra de los derechos de los trabajadores inmigrantes que se encerraron en el campus universitario.

Según Juan Carrique, abogado de la CGT y miembro de la red de apoyo, esta denuncia será presentada una vez que el Juzgado admita o rechace la denuncia presentada por la Olavide, 'para que las falsedades y calumnias vertidas contra la red de apoyo no queden impunes'.

El abogado de la CGT, que negó en todo momento las acusaciones de manipulación vertidas en contra de este grupo, aseguró que cuentan con los testimonios a favor 'de múltiples inmigrantes del encierro'. Tanto Carrique como Decio Machado, otro de los miembros de la red de apoyo, acusaron a la rectora de la Olavide, Rosario Valpuesta, de ser la 'responsable de la suerte' que puedan correr los 210 inmigrantes que han sido deportados a Argelia pese a que algunos de ellos 'estaban en proceso de regularización o contaban con el salvoconducto entregado por la universidad'. Ambos criticaron también el papel jugado por el defensor del pueblo, José Chamizo, al que acusaron de haber actuado en este asunto 'más por amiguismo político y por deseos de ser renovado en el cargo, que por defender los derechos de los inmigrantes'.

Por su parte, la Olavide aseguró ayer que el juez cuenta ya con los informes elaborados por la universidad y el defensor del pueblo para basar su denuncia, extremo éste que Carrique negó ayer. Además, la Olavide apuntó que también se remitió un listado con los nombres de las personas que pudieran haber cometido un delito contra los derechos de los trabajadores', informa Europa Press.