Las voces del ventrílocuo

LA COALICIÓN NACIONALISTA moderada, que dispone de mayoría relativa en el Parlamento de Vitoria y controla el Gobierno vasco, ha abierto esta semana la caja de los rayos para fulminar al juez Garzón por su osada decisión de suspender cautelar y temporalmente las actividades de Batasuna como parte integrante de ETA. El sobreactuado tono de las acusaciones vertidas por el portavoz del Ejecutivo y por el presidente de la Cámara del País Vasco contra el magistrado de la Audiencia Nacional que investigó los crímenes de los GAL y pidió la extradición de Pinochet resultaría incomprensible si se omitiera la motivación política, situada en las antípodas de la razón jurídica, provocadora de tan desmesurada reacción. A nadie puede extrañar que esa injuriosa ofensiva haya sido lanzada simultáneamente desde el Legislativo y el Ejecutivo vascos: las dos voces proceden del mismo ventrílocuo -la coalición nacionalista o tal vez la dirección del PNV- y obedecen a la batuta del director del orfeón.

La querella del Gobierno de Ibarretxe contra el juez Garzón por prevaricación marcha en paralelo con la negativa de la Mesa del Parlamento a ejecutar la suspensión cautelar de Batasuna como grupo

A media mañana del pasado martes, el Gobierno de Ibarretxe anunciaba la interposición de una querella criminal contra Garzón por un delito de prevaricación: el motivo sería que los autos de confirmación o aclaración de la suspensión cautelar de Batasuna dictada el 26 de agosto conculcan el derecho de manifestación e invaden las competencias autonómicas. La adivinable estrategia del Ejecutivo vasco -subyacente a la querella- de retrasar, dificultar o impedir las indagaciones judiciales para documentar la inextricable vinculación de Batasuna con ETA fue malamente disfrazada por el portavoz Imaz con el burdo sofisma de que la ilegalización por la vía penal del brazo político del terrorismo significaría 'la incriminación de la mayoría de la sociedad vasca'. La valoración jurídica de la anunciada acción penal del Gobierno de Ibarretxe contra Garzón exigirá el examen de su fundamentación legal; sin embargo, el anticipo disponible hace recordar las querellas temerarias que los deudores insolventes interponen contra sus acreedores legítimos para ganar tiempo.

Media hora después de la comparecencia del portavoz del Gobierno vasco, la Mesa de la Cámara hacía pública su decisión de considerar 'nula de pleno derecho' la sección del auto que ordena la suspensión del grupo parlamentario de Batasuna; el presidente Atutxa anunciaba también una enloquecida querella contra Garzón, esta vez por un delito de usurpación de atribuciones. No cabe infravalorar, desde luego, los problemas jurídico-constitucionales de la ejecución 'a su arbitrio' por un Parlamento de una medida judicial 'obligatoria' cuyo incumplimiento 'no sería justificable'. Tal vez se trate de un punto ciego del ordenamiento legal que sólo el Constitucional podría resolver: en cualquier caso, la circunstancia de que el Parlamento navarro lo haya aplicado en su propio ámbito muestra que el requerimiento de Garzón no es 'nulo de pleno derecho' como la Cámara vasca -actuando de tribunal- pretende.

El inexcusable análisis jurídico de las medidas adoptadas por el Gobierno y el Parlamento vascos para hacer arder a Garzón en la hoguera se sitúa en marco político con lógica propia. La ofensiva del PNV y EA contra el juez que comenzó a investigar el secreto de polichinela -para la sociedad vasca- de la pertenencia de Batasuna al conglomerado organizativo del terrorismo ofrece a los dos socios de la coalición parlamentaria y de gobierno la oportunidad de calafatear su alianza: las fisuras de ese pacto se debieron precisamente a la aplicación por la Consejería de Interior de los autos de Garzón dictados para cerrar las sedes, embargar las cuentas e impedir las algaradas callejeras del brazo político de ETA. A cualquier demócrata comprometido con los derechos humanos y las libertades le resultará descorazonador que el nacionalismo moderado, forzado a elegir camino en esta encrucijada, opte por linchar a un magistrado antes que romper con sus hermanos separados instalados en el mundo del crimen.