Elogio de la LRU

Muchas veces desde que se planteó el debate de la LOU, y especialmente en aquellas ásperas semanas en que todos los mercenarios de la pluma se lanzaron a demonizar a la LRU y a los que criticábamos el nuevo proyecto, he sentido la necesidad de reivindicar el valor progresivo y modernizador de la Ley de Reforma Universitaria. También durante estos meses he repetido que la Universidad Carlos III de Madrid es un proyecto derivado de esa ley, durante cuya vigencia se ha desarrollado en sus 12 primeros años, y los resultados no han sido malos. Un artículo del profesor García Carcel, que publicó el 9 de agosto en la prestigiosa tercera de Abc, haciendo responsable a la LRU de todos los males universitarios, del corporativismo, del gremialismo y de la irracionalidad, me ha parecido tan injusto y tan sesgado que he creído necesario explicar mi opinión sobre la Ley Universitaria socialista. Cuando dice el profesor García Carcel que 'el Estado se inhibió de cualquier proyecto racionalizador' y cuando se atribuye, también a la ley, las consecuencias de 'la tribu universitaria' que tan bien describió Alejandro Nieto en 1984, apenas entrada en vigor, me parece un deber de justicia salir al paso de esas afirmaciones de un respetable colega universitario desde mi propia experiencia. Me ha parecido admirable el distanciado y elegante silencio del profesor José María Maravall, padre e impulsor de la anterior ley, y también de sus colaboradores, pero no creo que en este momento sea ya posible callar.

La injusticia y la visión deformada del profesor García Carcel se acrecienta porque ese reproche descalificador de la LRU se acompaña de un silencio clamoroso sobre el largo periodo de la Universidad franquista. Con una referencia despectiva a los 'intelectuales que pontificaron sobre la Universidad española en los últimos estertores del franquismo', sus referencias a esa época se agotan con la escueta expresión 'acabado el franquismo'. Como las referencias de ambos momentos están tan desequilibradas, merece la pena recordar a los centenares de catedráticos expulsados de sus cátedras, o fusilados o en el exilio, al final de la guerra civil, y los vencedores estampillados como licenciados o ingenieros, o convertidos en catedráticos en aquellos exámenes patrióticos de los años cuarenta. Conviene también recordar el gobierno autoritario con rectores nombrados a dedo, y tribunales de oposiciones del mismo origen, así como la discriminación y persecución que sufríamos hasta en los primeros años setenta los profesores jóvenes de izquierdas, experiencia que viví en mis propias carnes, como otros muchos colegas. Cómo se puede olvidar la represión estudiantil, sobre todo a partir de los años sesenta, con los expedientes, las multas, la acción de los tribunales militares y del Tribunal de Orden Público, o el asesinato a manos de la policía del estudiante de Derecho don Enrique Ruano Casanova, tipificado así por sentencia del Tribunal Supremo. ¿Se puede olvidar que la LRU es el cierre de ese siniestro periodo y la devolución de la libertad y de la autonomía a la Universidad, de acuerdo con el mandato constitucional? Ese olvido, que es extenso y profundo, desequilibra el diagnóstico de García Carcel. Es un olvido imperdonable, sobre todo para un historiador.

Pero la LRU acierta en muchas más cosas, y es precursora de otras que ahora nos vienen desde esa idea del espacio universitario europeo.

Restablece unos tribunales de oposiciones con tres miembros elegidos por sorteo y dos nombrados por la Universidad, que no se olvide es la comunidad titular del derecho a la autonomía universitaria. ¿Es criticable ese modelo frente a la designación por el Ministerio, que era el sistema del franquismo? Con ese sistema han sido reclutados excelentes catedráticos y excelentes titulares. ¿Es atribuible a la ley que hayan existido patologías e injusticias o ha sido resultado de una acción torcida de miembros concretos de la comunidad universitaria?

La ley pretendió una renovación de los planes de estudio para modernizarlos, y ahora vemos que también para europeizarlos. Así, favoreció la reducción a cuatro años de las licenciaturas y a cinco de las ingenierías, y también la potenciación de las diplomaturas y de las ingenierías técnicas y también la posibilidad de acceso de una carrera a otra y de titulaciones sólo de segundo ciclo. A través de pasarelas con complementos de formación se facilitó con los reglamentos de desarrollo de la ley esa comunicación entre titulaciones que ahora se llama la transversalidad, que favorece la movilidad estudiantil entre varias carreras. Frente a esos planteamientos tomaron posiciones los sectores más inmovilistas, que torpedearon la reforma, se negaron a reducir los planes de estudios, a aceptar el sistema de créditos. ¿Es la LRU la corporativa o lo son más bien esos sectores? Cuando se intentó que la carrera de periodismo fuera sólo de segundo ciclo y que se pudiera acceder a ella con complementos desde otras titulaciones, un numeroso grupo de profesores del área de periodismo, felizmente no todos, con muchos decanos a la cabeza, se opusieron a este intento, planteando incluso un recurso contencioso-administrativo que acaban de perder definitivamente en el Tribunal Supremo. ¿Quiénes eran en este caso los gremialistas? He estado presente en debates en el Consejo de Universidades donde dos distinguidos colegas elegidos en el Parlamento a propuesta del PP se oponían con todo vigor a las pasarelas que facilitasen la movilidad y la transversalidad de los estudios favorecida por la LRU, y hoy uno de los puntos centrales del modelo europeo. ¿Quién estaba en este caso en la línea correcta?

En la organización de la Universidad, la LRU pretendió construir el modelo desde los departamentos y desde centros donde se impartiesen varias titulaciones. Ése es exactamente el modelo de la Carlos III, que ha facilitado establecer enseñanzas simultáneas, y en eso hemos sido pioneros, mientras que esos mismos sectores se resistían y mantenían el régimen de la facultad con una única titulación, lo que ha dificultado enormemente esas innovaciones.

Además, conquistas muy positivas como el artículo 11, que abría la oportunidad de dictámenes profesionales y de impulsar la consultoría entre el profesorado universitario y favorecer igualmente la investigación, son obra de la vituperada ley. Como lo era el artículo 46-2, que inició, como signo de calidad universitaria, la evaluación individual por las propias universidades de la actividad docente, investigadora y de gestión de los profesores.

Dice García Carcel que la nueva ley, la LOU, ha nacido con voluntad de enfrentarse con la cuestión universitaria hoy. No coincido con ese dictamen, y creo que la ley nueva, en su afán revanchista y rectificador, ha multiplicado los problemas, porque ha dado la razón a los inmovilistas y porque crea más dificultades que las que resuelve. La señora ministra y su equipo van a ser juzgados con mucha dureza en la historia de las universidades. Su precipitación, su voluntad de distanciarse de todos los proyectos de la LRU, incluso su ridícula acción de cambiar muchos nombres de los órganos de gobierno de la Universidad, traerán a medio plazo males difíciles de reparar. Y ese brindis al sol progresista con la conversión de todos los contratos en contratos de trabajo, sin haber medido las consecuencias, es una imprudencia que puede costar muy cara. Como han olvidado que sólo el Estado es competente en materia de legislación laboral, y no han creado contratos laborales específicos, esos profesores se ajustan a la legislación laboral común, con lo que se produce un deterioro de la carrera universitaria, donde todos los gatos serán pardos y el punto central de evaluación, con intervención de los sindicatos, será la estabilidad en el empleo y no el nivel académico del candidato. Contarán más los años de permanencia que un buen currículum y además explotará la endogamia.

Hay que sacudir al país y a su opinión pública para que abandonen cualquier sensación de que el problema se ha acabado con la nueva ley, cuando la realidad es que se ha agravado porque la ley misma es un problema. Pero parece que todo está resuelto porque los medios de comunicación han dejado de considerar a la

Universidad como centro de atención, y la opinión pública debe saber la verdad, tanto la falta de veracidad de muchos ataques a la LRU como el espejismo del valor positivo de la nueva ley. La Universidad ha superado otras situaciones más extremas, como esa etapa del franquismo que ahora se quiere silenciar. También se superará ésta y se acabarán desvelando los defectos de la LOU. Ni siquiera los más beneficiados por ellas, las universidades privadas, se atreven a defenderla. Yo sí he querido hacerlo con la LRU, porque me parece una exigencia de la probidad académica y una deuda que tenemos todos los universitarios con José María Maravall y con todos sus colaboradores.

Gregorio Peces-Barba Martínez es rector de la Universidad Carlos III.