La Diputación de Vizcaya tutela a 250 adultos incapacitados

La Diputación de Vizcaya ejerce la tutela jurídica de 249 personas mayores de edad que han sido declaradas incapaces por los jueces, según reveló ayer el diputado foral de Acción Social, Ricardo Ansotegi. Los tutelados son personas que padecen enfermedades físicas o psíquicas, como deficiencias mentales o trastornos mentales (esquizofrenia, paranoia, trastorno bipolar, etcétera), que les impiden valerse por sí mismos y además o no tienen familia o ésta no quiere hacerse responsable de ellos, según explicó Ansotegi. El tutor es el representante legal del incapacitado y quien gestiona sus bienes.

La Diputación vizcaína ejerce la tutela de esas personas a través de un ente que puso en marcha expresamente para este fin hace año y medio. Hasta que se creó el Instituto Tutelar de Vizcaya era a los responsables de asilos u hospitales psiquiátricos a quienes los jueces otorgaban la tutela de los incapacitados. Es lo que aún ocurre en Guipúzcoa, Álava y prácticamente todo el resto de España porque, según detalló el diputado, sólo Vizcaya, Madrid y Almería tienen un instituto tutelar.

José Félix Pascual, gerente del instituto tutelar vizcaíno (un ente público de derecho privado), explicó que esta institución heredó la tutela de 31 personas cuando se creó. El enorme incremento de personas bajo tutela institucional -en este momento suman 249- se debe, en buena medida, a que la Fiscalía ha abierto de oficio expedientes de incapacitación judicial de personas desamparadas que viven en residencias de mayores y psiquiátricos de larga estancia.

El juez siempre decide

Ansotegi recalcó que, si bien la familia, los servicios sanitarios o sociales pueden promover el proceso para declarar a una persona incapacitada, siempre es el juez quien toma la decisión y decide a quién otorga la tutela. El gerente del centro tutelar explicó que lo que el instituto persigue es 'la protección del incapacitado en su propio entorno, mediante la colaboración con abogados, jueces, fiscales, entidades financieras y asociaciones sin ánimo de lucro'. La protección de estas personas se extiende al ámbito social -se intenta que, en la medida de lo posible, participen en talleres ocupacionales- e incluye la defensa de sus bienes patrimoniales y su representación en los procesos judiciales, si es necesario. Ansotegi insistió en que el instituto pretende dar a cada persona incapacitada una atención personalizada, porque sus situaciones son dispares.

El diputado foral de Acción Social y el gerente del Instituto Tutelar ofrecieron estas explicaciones en una conferencia de prensa en la que se anunció la celebración, del 2 al 4 de octubre en Bilbao, de un congreso sobre la protección de las personas incapacitadas por un juez. En el congreso participarán 34 expertos, entre quienes destaca el magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Civil Antonio Gullón Ballesteros.