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Reportaje:

Multas para preservar la naturaleza

El Gobierno regional impuso el año pasado 3.430 sanciones por atentar contra el medio ambiente y recaudó con ellas 2,8 millones de euros

El Gobierno regional impuso 3.430 multas por delitos medioambientales en 2001, un 35% más que el año anterior, en el que las sanciones ascendieron a las 2.535, según datos de la Consejería de Medio Ambiente. Las multas supusieron una recaudación de 2,8 millones de euros, un 42% superior a lo cobrado por el mismo concepto en 2000. Se impusieron más multas, se recaudó más dinero, pero se tramitaron menos expedientes que en 2000, lo que, según Medio Ambiente, significa 'una mayor efectividad en la disuasión, que es lo que se persigue'. Los datos reflejan una ligera disminución, en torno al 5%, en el número de expedientes abiertos respecto al año 2000, mientras que se ha incrementado en un 15% el número de informes que resultaron sancionadores.

Los tipos de delitos medioambientales que sancionó la Comunidad en 2001 se clasifican en ocho categorías.

Residuos tóxicos peligrosos. Se impusieron 566 sanciones por el manejo inadecuado o el vertido ilegal de residuos tóxicos peligrosos. Estas multas son las más caras. De hecho, lo recaudado en 2001 por este concepto supera el millón de euros. La empresa Ives Rocher, SA, se llevó el premio gordo con una sanción de 54.035 euros, el 26 de diciembre del año pasado, por 'el manejo inadecuado de productos tóxicos', según consta en el expediente de la Comunidad. Pablo Yebra e hijos, la empresa que contrató Ives Rocher para el transporte y destrucción de los productos de belleza caducados o no aptos para la venta, quemó al aire libre, en su propia finca, toneladas de botes de cremas y productos de este tipo. Una portavoz de Ives Rocher afirma que la empresa actuó 'de buena fe', puesto que había contratado a una compañía dedicada a la eliminación de los residuos peligrosos.

El macrocine Kinépolis fue multado con 30.050 euros por un incendio que obligó a desalojar de sus butacas a unos 400 espectadores. 'Se incendió una pila de vasos de Coca-Cola que había almacenada en una de las puertas de emergencia. Más que llamas, había mucho humo', explicó el director general de Kinépolis España, Willem Devidts. 'No hubo riesgo alguno para las personas', añadió.

Fuego y acampada. La acampada libre está prohibida. Aun así, se sigue practicando. A efectos sancionadores, no es lo mismo acampar en un lugar cualquiera que hacerlo dentro de una reserva natural, como el parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Una multa por acampar en un rincón cualquiera sale por 60 euros; en el parque del Manzanares, 150.

Caza. La caza acumula 566 expedientes sancionadores, un 25% del total. Sin embargo, la repercusión económica de las sanciones cinegéticas, que suman 153.993,8 euros, supone sólo un 7,7% del total. El cazador que ha recibido la mayor sanción es José Antonio Moreno Silva, un transportista de 39 años de Boadilla del Monte, que se enfrenta a una multa de 3.000 euros por cazar en un coto sin permiso. Los agentes le cazaron con un conejo y una perdiz en el morral. 'Esto es muy injusto. Yo iba con el socio del coto, que me invitó, y sólo por no tener un papelito me han puesto un multón tremendo', explica Moreno. Además, los agentes se incautaron de la escopeta y le han retirado el permiso de caza.

Urbanismo y talas. Medio Ambiente tramitó 110 expedientes sancionadores, un 4,9% del total, por infracciones urbanísticas o talas ilegales en 2001. Estas multas suman 337.100 euros, un 16,8% del montante total. Ericsson España SA fue sancionada con 6.010 euros por la instalación de una antena de telefonía móvil de 30 metros de altura en una superficie total de 80 metros cuadrados en un monte público.

Residuos no peligrosos. Los 134 expedientes sancionadores de 2001 por el vertido ilegal de residuos no peligrosos suponen apenas un 5,8% del total, y sus 279.600 euros, un 14% del montante total. Uno de los sancionados fue Ángel Quintanar Fernández, que pagó 6.010 euros por el vertido ilegal de 20 camiones de escombro. A José Luis Herreruela Álvarez el cambio de ruedas de su vehículo le salió más caro de lo previsto: le han sancionado con 601 euros por quemar cuatro ruedas de camión.

Pastoreo. Medio Ambiente puso 25 sanciones por pastoreo ilegal en 2001, apenas un 1,09% del total y cuyo montante alcanza los 24.253 euros, el 1,2% del dinero recaudado por las multas. Juan Casado Guerra tendrá que pagar 3.454 euros por sacar a pastar a su rebaño de 400 cabras sin la pertinente autorización. 'Un agente forestal cogió a nuestras cabras cuando el terreno acababa de cambiar de manos y la multa es absurda; espero que nos la quiten', explica Ángel Casado, hermano del multado.

Pesca. Las 144 sanciones por delitos de pesca suponen un 6,3% del total, y su escasa cuantía, ni siquiera alcanza los 10.000 euros, un 0,5% de la suma de todas las sanciones. Un agente forestal pescó a Eulogi Bojidarov con la caña echada en un embalse catalogado y sin los permisos necesarios para lanzar el anzuelo en estas aguas protegidas. La multa fue de 1.502 euros.

Tráfico. Las 259 multas por infracciones de tráfico en el monte suman 42.961 euros, un 2,1% del montante global de las sanciones de 2001. El multón se lo llevó el Motoclub Guadarrama por realizar una prueba deportiva en plena sierra de Madrid sin autorización. La cuantía fue de 450 euros.

Un castigo ejemplar

La mayor multa impuesta hasta ahora por la Consejería de Medio Ambiente ha sido a Renfe, que ha tenido que pagar 700.000 euros por haber sido la causante de un gran incendio forestal con siete focos registrado en la sierra de Madrid el 20 de julio de 2000. Según los informes de los técnicos de la consejería, un Talgo de esta compañía, que iba soltando chispas, incendió en siete puntos distintos los bosques de esa zona. El caso está todavía pendiente de resolución final en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que, de momento, ya ha obligado a Renfe a ingresar esta cantidad en la cuenta del Gobierno regional. Para Medio Ambiente, el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia haya ordenado el pago de la sanción demuestra que 'las multas están hechas para pagarse, y, de hecho, se pagan', según explica Antonio Lucio, director general de Promoción y Disciplina Ambiental. 'El Tribunal ha considerado en este caso que el interés público era más importante que el posible perjuicio que causa a la empresa el pago de la multa antes de la resolución final del recurso', añadió el director general.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 16 de septiembre de 2002

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