El PSPV exige que se regule y limite la concesión de permisos para poner industrias en suelo no urbanizable

Durante los últimos años, la Generalitat ha estado concediendo decenas de declaraciones de interés comunitario (DIA, una exención que permite implantar actividades industriales en suelo no urbanizable) a actividades privadas de todo tipo, desde azulejeras, vertederos, bodegas de vino y granjas porcinas, hasta residencias de la tercera edad, firmas hortofrutícolas, fábricas y almacenes de madera. Los socialistas exigen ahora que el Consell regule de una vez, tras más de nueve años de retraso, qué actividades pueden disfrutar de este privilegio para satisfacer el interés general y cuáles nunca pueden beneficiarse de un permiso que implica sustanciosos beneficios económicos.

El Grupo Socialista-Progresistas en las Cortes acaba de presenar una proposición no de ley conminando al Consell a que apruebe en el término de tres meses 'el nomenclátor previsto en la ley 4/1992 del Suelo No Urbanizable' con las actividades susceptibles de gozar de una DIA, que tenía el objetivo de 'situar las reglas del juego que evitaran que algunos municipios utilicen esta vía singular (...) como recurso para financiarse mediante el canon urbanístico que han de sufragar las empresas beneficiadas por el privilegio'. Una medida que en numerosas ocasiones 'ha convertido en norma lo que ha de ser una excepción'.

La concesión de DIA hasta ha sido cuestionada en los juzgados. Hace un año el Tribunal Superior de Justicia declaró que la ampliación de una fábrica de cerámica en Alcora era ilegal al entender que la DIA no se ajustaba a derecho. La oposición denunció entonces que en dicho municipio se habían concedido numerosos permisos de este tipo para este tipo de factorías, que se evitaban así adquirir suelo industrial. El pelotazo era claro: si una firma de tamaño medio requería 100.000 metros de suelo para instalarse, con un coste de seis millones de euros (1.000 millones de pesetas), con la DIA se podían instalar en suelo agrícola por apenas 180.000 o 240.000 euros (de 30 a 40 millones de pestas). El abogado que batalló en aquel caso señaló que este tipo de trato de favor era una 'operación especulativa que curiosamente siempre beneficia a los que están en condiciones de pagar campañas electorales'. El PSPV quiere que las reglas del juego estén ahora más claras.