La comunidad de jugadores recoge firmas contra la ley griega de videojuegos

A finales del mes de julio el parlamento griego aprobó la ley 3037 que regula el entretenimiento electrónico. El texto es confuso en algunos puntos y permite interpretaciones como que se prohíben los videojuegos tanto en locales públicos como privados. Siendo Grecia un país de la Unión Europea, usuarios, medios y compañías de videojuegos no se explican cómo se ha podido aprobar una ley tan genérica y restrictiva.

El asunto se inició a principios de año cuando una cadena de televisión que realizaba un programa de investigación sobre ludopatía descubrió a un parlamentario jugando con una máquina tragaperras. El gobierno griego reaccionó aprobando una primera ley que prohibía todo tipo de máquinas de azar con remuneración. Poco después se descubrió que, en algunos locales, con sólo pulsar un botón 'una máquina recreativa se convertía en cuestión de segundos en una máquina tragaperras o en un dispositivo que permite jugar en casinos virtuales', explica el jefe de prensa de la embajada griega en España. En vistas de la dificultad que encarnaba discernir entre máquinas de 'marcianitos' normales de las máquinas manipuladas, se lanzó una nueva propuesta de ley, la 3037 de julio de 2002, que las prohíbe todas y, de paso, el juego con ordenadores en cibercafés.

Sin embargo, el punto primero del segundo artículo del nuevo texto legal, donde se especifica la prohibición, reza: 'Queda prohibida la manipulación e instalación de cualquier juego del tipo 'B', 'C'o 'D' del Artículo Primero, incluyendo los juegos de ordenador, en lugares públicos como hoteles, cafeterías, salas de reunión así como en cualquier otro lugar, ya sea público o privado'. Es en la coletilla 'o privado' donde han saltado las alarmas dado que permite interpretar que tampoco están permitidos los videojuegos en el hogar. Medios norteamericanos se han aferrado a esta muletilla para lanzar titulares como 'En Grecia, juega con la Game Boy y ve directo a la cárcel'. Las multas no son ningún juego, van desde los 10.000 a los 75.000 euros y pueden ir acompañadas de un año de cárcel.

Las reacciones no se hicieron esperar. La página dedicada a videojuegos de acción de origen griego Gameland ha iniciado una petición en línea para juntar firmas proponiendo que la ley sea retirada.