Zaplana reabre el debate sobre la gestión privada de servicios públicos

El nuevo ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, parece dispuesto a afrontar un polémico reto: quiere impulsar un debate sobre la entrada de la gestión mixta (pública y privada) en los servicios públicos, entre los que están el sistema de pensiones y el desempleo. Ahora que existe un periodo de tranquilidad sobre la viabilidad de la Seguridad Social, cree que es el momento para abrir una reflexión sobre 'cómo se van a garantizar los sistemas de protección social' en el futuro y que se haga 'sin miedo'. Zaplana, asimismo, se ha comprometido a poner en marcha un plan de choque contra la siniestralidad, que está basado en hacer cumplir la ley por parte de las empresas.

En su primera comparecencia en el Parlamento como ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana expuso ante la Comisión de Política Social y Empleo una amplia batería de las prioridades que se ha marcado. Lograr el objetivo del pleno empleo, marcado en la cumbre de Lisboa, y recomponer el diálogo social son las principales. Junto a ello, quiere abrir un debate a su juicio no abordado hasta ahora en España por las formaciones de izquierda y que sí está vigente en países como Alemania y Reino Unido.

Se trata de hacer 'una reflexión' sobre los sistemas públicos de protección social, con 'algunas fórmulas novedosas que han dado buenos resultados en la Comunidad Valenciana', de la que fue presidente hasta el pasado 9 de julio. Zaplana aseguró que se trata de 'uno de los retos de mi departamento', y ahora que la Seguridad Social tiene 'garantizada la viabilidad y el superávit al menos hasta el año 2015'. El ministro cree que esos datos permiten que estemos ante 'en un periodo de tranquilidad suficiente' para reflexionar sobre su futuro.

Esas fórmulas novedosas no pasan por privatizaciones, pero sí por introducir la gestión mixta en algunos servicios públicos y prestaciones sociales. El ministro y fuentes de Trabajo precisaron posteriormente que eso no afecta a las pensiones, sino a servicios destinados a los mayores, residencias, centros de día o prestaciones sociales de ese tipo.

El titular de Trabajo adquirió asimismo un compromiso formal ante el Parlamento al asegurar que ha convocado para el próximo 14 de octubre la mesa de diálogo sobre prevención de riesgos laborales, en cuyos debates se implicará personalmente. Allí presentará un plan de choque con estas medidas: impulsar medidas en los sectores con mayor número de accidentes, especialmente la construcción; intensificar el plan preferente en las empresas con más siniestros (el 3% reúne más del 40% de los accidentes); un plan de formación para la prevención; reforzar el control del cumplimiento de las medidas de prevención; ajustar las tarifas de las primas de seguro por accidentes a la peligrosidad de las actividades; un sistema de bonificaciones y recargos según el índice de siniestralidad, y modificar la ley de infracciones y sanciones para corregir los abusos en la subcontratación y el trabajo a destajo. En suma, un plan para hacer cumplir la ley de prevención, ante la existencia de indicios de una insuficiente aplicación en las empresas.

El balance que el ministro hizo de la situación del empleo y del mercado laboral fue calificado de triunfalista por los representantes de los grupos socialista y de IU, Ramón Jáuregui y Antero Ruiz. Eduardo Zaplana subrayó los 3,6 millones de empleos creados desde 1996 en los gobiernos del Partido Popular. Y el PSOE e IU le instaron a que explique qué va a hacer España para cumplir el pleno empleo en 2010 y Jáuregui reprochó al ministro que no hubiese avanzado medidas para mejorar la calidad del empleo. Los datos aportados por el diputado socialista subrayan que España tiene 10 puntos de contratación temporal más que la media de la UE, el 57% de los contratos son inferiores a seis meses, la máxima siniestralidad laboral de la Comunidad y un salario casi la mitad de la media europea.

También cree necesario el PSOE abordar medidas para hacer frente a un Inem 'destrozado y desestructurado territorialmente', ante un diálogo social que está roto, como se puso de manifiesto en la huelga general del 20-J, y ante un escenario económico que no es bueno y que 'no va a permitir mejorar el paro hasta abril'.