El fiscal dice que la funeraria fue vendida aunque el municipio podía salir perjudicado

El fiscal acusa a tres ediles del PP de obrar 'aceptando el perjuicio para el Ayuntamiento'

Madrid - 10 sept 2002 - 00:00CEST

El 'principal beneficiado' por la privatización del 49% de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid en 1992 no fue el Ayuntamiento que preside José María Álvarez del Manzano, que recibió 0,60 euros, sino el asesor del equipo de gobierno del PP en tal proceso, José Ignacio Rodrigo, según concluyen el juez y el fiscal del caso. El fiscal calcula que Rodrigo, actual presidente de Funespaña, logró unos ingresos de 10,1 millones de euros a través de su participación accionarial desde 1993 en la adjudicataria y en las sociedades que creó para cobrar la gestión de la empresa mixta.

La investigación judicial del caso funeraria, en el que están imputados los concejales Antonio Moreno, Simón Viñals y el hoy diputado regional Luis María Huete (los tres del PP) parte de una querella de la Fiscalía Anticorrupción presentada en 1999. El fiscal solicita para los tres un año de prisión por maquinación para alterar el precio de las cosas y cinco años más por malversación, así como 25 años de inhabilitación. El acusador pide para Rodrigo seis años de prisión por los mismos delitos.

Según el fiscal, los tres ediles concibieron 'poner cuanto antes la gestión de la funeraria en manos de una empresa privada que fuera de su agrado y confianza, aceptando el perjuicio económico que pudiera derivarse para las arcas del Ayuntamiento'. La portavoz municipal de IU, Inés Sabanés, exige la dimisión de los acusados y que la dirección nacional del PP 'explique de una vez si avala o reprueba el proceso de privatización de la funeraria, porque las responsabilidades van más allá del Gobierno municipal', informa Susana Hidalgo.

La instrucción disecciona cómo se fraguó una venta tan ruinosa para las arcas municipales -'prácticamente gratuita', dice el fiscal- como beneficiosa para Funespaña, y para su presunto cerebro, José Ignacio Rodrigo: la privatización del 49% de la Empresa de Servicios Funerarios por el ayuntamiento en 1992. El PP aprobó la operación, con informes contrarios del interventor y favorables de Rodrigo y de las concejalías de Viñals y Moreno.

Tanto el juez José Luis Quesada, en el auto del pasado 15 de abril en el que cerraba su investigación, como el fiscal, en su escrito del 30 de julio, no dudan del papel 'decisivo' o 'director' desempeñado por Rodrigo en la venta. 'Rodrigo se puso de acuerdo con el acusado Juan Antonio Valdivia, representante legal de una de las empresas oficiosamente consultadas, Funespaña, para asegurarse una importante participación lucrativa en tal operación'.

10 millones para Rodrigo

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Según la fiscalía, si la venta de la funeraria le proporcionó al Ayuntamiento 0,60 euros, Rodrigo obtuvo 10,1 millones a través de su presencia accionarial en Funespaña y de sus sociedades relacionadas con la gestión de la misma. Supera incluso a quien concurrió como representante legal de Funespaña, Juan Antonio Valdivia, que ingresó 9 millones.

'El acuerdo entre Rodrigo y Valdivia', según el fiscal, 'consistió en que el primero aportaría los fondos necesarios para hacerse con la funeraria, haciendo valer su capacidad de influencia en los concejales acusados para que la adjudicación se hiciera a favor de Funespaña'. A cambio, Rodrigo se aseguraba 'una importante participación en el capital social de Funespaña, participación que debería permanecer oculta para no poner en tela de juicio la licitud de la enajenación, dada su condición de asesor de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid'.

Rodrigo 'emitió un informe sobre las distintas ofertas y concluyó a favor de la presentada por Funespaña, de la que habría de adquirir un importante número de acciones pocas fechas después y en ejecución de un acuerdo anterior en el tiempo'. Funespaña carecía de la suma con la que había garantizado ampliar el capital de la empresa mixta (1,2 millones de euros). Tanto el juez como el fiscal tienen claro quién aportó esa suma en febrero de 1993, dos meses después de que el Ayuntamiento declarase vencedora a Funespaña: 'Provino en su mayor parte de una cuenta en el extranjero de Rodrigo'. A cambio éste se convirtió, según juez y fiscal, en destacado accionista de Funespaña, de la que es presidente desde 1995.

Ambos sostienen que, para 'ocultar' su participación en Funespaña, Rodrigo simuló que la compra de acciones se produjo en 1998, y no en 1993, y utilizó empresas pantalla. El juez resume los indicios: Rodrigo mantuvo contactos previos al concurso con Funespaña, aportó su ampliación de capital, compró gran número de acciones de Funespaña tanto simultáneamente como posteriormente a la privatización y lo ocultó mientras era consejero de la empresa mixta, y cobró por la gestión a través de empresas pantalla en paraísos fiscales. El juez relata que Huete y Viñals, entonces presidentes de la funeraria, decidieron privatizar en 1992 la mitad de las acciones, cuyo capital y gestión eran íntegramente municipales. (El fiscal incluye a Moreno en este núcleo privatizador). Huete y Viñals para justificar la venta de la funeraria, invocaron 'su mala situación económica, a sabiendas de las muy favorables expectativas de la empresa'.

El decisivo papel de los concejales

Los tres concejales imputados en el caso Funeraria, según el fiscal, obviaron las peticiones del gerente de la empresa, Francisco Yáñez, para mejorar la situación financiera de la misma. De todas las iniciativas aprobadas en el pleno del 28 de julio de 1992, el edil Moreno eligió una y dictó un decreto 'de manera caprichosa y parcial', en septiembre de 1992, descartando las demás sin justificación. Eso permitía vender el 49% de las acciones al capital privado mediante concurso público. 'Mientras tanto, y ya durante el verano de 1992, Huete había iniciado contactos personales y directos, al margen de cualquier previsión legal o reglamentaria, con los representantes de una serie de empresas que, según su particular opinión, podrían estar interesadas en hacerse cargo del monopolio funerario en Madrid', según el fiscal. Viñals y Rodrigo 'colaboraron activamente en el establecimiento y desarrollo de estos contactos que, obviamente, permitieron a los concejales acusados tantear y prefigurar las condiciones en que cabría asegurar el aparente éxito de la operación de cesión, eliminando en realidad cualquier posibilidad efectiva de libre competencia'. Durante esos contactos, o antes, 'pero en todo caso no después de ellos', Rodrigo alcanzó su pacto con los responsables de Funespaña. Estos contactos le posibilitaron, además, 'una posición de ventaja'. En octubre de 1992, Moreno logró que el grupo del PP aprobara el pliego de condiciones que, según el fiscal, 'vulneraba de manera frontal y palmaria los artículos 11 y 12 de la Ley de Contratos del Estado del 8 de abril de 1965'. La propuesta fue aprobada 'por mayoría gracias a la disciplina de voto del grupo popular', añade. El precio orientativo fijado de la funeraria era de unos 8,8 millones de euros. Pero, señala el juez, el contenido era tan ambiguo que en realidad permitía cualquier oferta. Ni estaba claro el objeto enajenado ni su precio. Y se tramitó por vía de urgencia, cosa que 'carecía de justificación legal'. Según el fiscal, los concejales imputados necesitaban tal premura para 'acabar cuanto antes el proceso que, además, ya daban por resuelto a partir de los contactos privados'.