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ANÁLISIS
Columna
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Las mareas electorales

EL COMITÉ FEDERAL DEL PSOE decidió esta semana acelerar la designación de su candidato a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales: descartado cualquier temor racional a una eventual disolución anticipada de las Cortes, el motivo de esa premura es el propósito de formalizar cuanto antes la candidatura de Zapatero para aprovechar así las ventajas comparativas proporcionadas a los socialistas por las incertidumbres aún no despejadas acerca del cabeza de lista del PP en las legislativas de 2004, un tapado a la mexicana que sólo sería investido teóricamente como sucesor por el dedazo de Aznar en el otoño de 2003. Las restricciones impuestas hace unos meses por la Ejecutiva del PSOE a las primarias (esto es, la elección directa de los candidatos socialistas por los militantes) para los comicios autonómicos y municipales de mayo de 2003 resultaban superfluas en este caso. De un lado, los socialistas están escarmentados de la mala experiencia que significó el conflictivo reparto de papeles -la bicefalia- entre el secretario general del partido Almunia y el candidato a la presidencia Borrell en 1998; de otro, la posición de Zapatero se halla hoy lo suficientemente consolidada como para descartar el surgimiento de un competidor con una mínima posibilidad de poner en cuestión su liderazgo.

Mientras el PSOE acelera la designación oficial de Zapatero como su candidato a la presidencia del Gobierno, el PP deberá aguardar a que Aznar nombre a su sucesor en el otoño de 2003

Aunque la remontada del PSOE en los sondeos (una encuesta del Instituto Opina para la SER arrojaba esta semana un empate técnico entre populares y socialistas si se celebrasen ahora las elecciones) no se deba exclusivamente a la situación de silla vacante creada por la juguetona inescrutabilidad de Aznar respecto a su heredero, resultaría temerario dar puntuaciones clasificatorias a los restantes factores potencialmente explicativos. De forma muy genérica cabría aludir tal vez a los periódicos cambios de actitud en la opinión pública derivados de la fatiga causada por la arrogancia de los gobernantes, las esperanzas suscitadas por las promesas de la oposición o el simple deseo de alternancia.

Sin ánimo de establecer regularidades con fuerza predictiva, Víctor Pérez-Díaz ha llamado la atención (Una interpretación liberal del futuro de España, Taurus, 2002) sobre los rasgos comunes de los partidos (UCD, PSOE y PP) que se han sucedido en el Gobierno desde 1977: en los tres casos, una promoción de políticos situada biográficamente en torno a los cuarenta años aprovechó su oportunidad para alcanzar el poder, gobernó inicialmente con prudencia y fue agotando paulatinamente su inventiva. La atribución de esas características al nuevo PSOE es una posibilidad tentadora siempre que no se caiga en la supersticiosa creencia de considerarla un resultado de la necesidad histórica. Los aficionados a la metáfora de las mareas electorales deben recordar que los flujos de los votos no tienen la cadencia fija de la pleamar y la bajamar oceánicas: si UCD se mantuvo 5 años en el poder y el PSOE 13, los populares no están condenados a durar sólo 8 años.

En cualquier caso, la perspectiva de un avance significativo o incluso de una victoria de Zapatero en las legislativas de 2004 ha dejado de ser meramente imaginable para instalarse en el campo de lo posible y empezar a invadir cautelosamente los terrenos de lo probable. Los aciertos del PSOE y los errores del PP forman una madeja causal inextricable a la hora de explicar ese cambio del viento. De un lado, la estrategia de los socialistas en la huelga general y la intervención de Zapatero en el debate sobre el estado de la nación han fortalecido sus posiciones; de otro, el Gobierno ha recitado durante esta legislatura la página negra de la agenda oculta del poder que suele aflorar con la mayoría absoluta: esto es, la confusión entre la habilitación temporal para gobernar otorgada periódicamente por los ciudadanos a los partidos y la ocupación permanente no sólo del Estado (desde la justicia hasta la Administración, pasando por TVE), sino también de los centros financieros, los medios de comunicación y el mundo asociativo.

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